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Estado reclama $235 mil a firma panameña
Naviera panameña enfrenta juicio por derrame de combustible

• Tribunal Ambiental también comenzó proceso contra proyecto inmobiliario en Puntarenas

Ernesto José Villalobos
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El daño ocasionado por el derramamiento de 50 galones de diésel mezclado con aceite, en aguas de Puerto Limón, fue valorado por el Estado en $235 mil.
Este es el monto que se le reclama a la naviera Company KS Cala Pinar Shipping, presunta causante del daño.
Los hechos juzgados se remontan a mayo pasado cuando la embarcación Cala Pinar del Río, de bandera panameña, presuntamente vertió el combustible en aguas de la bahía caribeña mientras realizaba labores de carga y descarga de contenedores.
En principio, un tapón de acceso al tanque de combustible del navío se habría soltado, dejando salir el diésel.
De acuerdo con las escalas internacionales de control de vertidos, 50 galones de este tipo de material pueden contaminar 3,6 millones de galones de agua, es decir lo correspondiente al contenido de casi dos piscinas olímpicas.
Los jueces que integran el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) recibirán este viernes las conclusiones de la firma de defensores Steinvorth Pino & Rojas, para luego proceder a emitir la sentencia.
La ley faculta al TAA a deliberar durante no más de dos meses, en casos cuyas circunstancias lo ameriten; los jueces estimaron que a más tardar en la segunda semana de enero de 2009 habrá una resolución.
“En realidad la discusión gira en torno al monto que podría alcanzar la multa por el daño ambiental ocasionado. Mientras la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (Digeca), valoró en más de $235 mil el perjuicio, los expertos contratados por la naviera afirman que ese monto podría tasarse en mucho menos”, explicó José Lino Chaves, presidente del TAA.
A la audiencia de ayer solamente se presentó uno de los peritos de la Digeca, en representación de los denunciantes.
Entretanto, y aunque señalaron que por estar aún abierta la etapa de conclusiones del proceso no pueden referirse a sus argumentaciones, los abogados Botho Steinvorth y Lothar Volio manifestaron que “su representada está muy satisfecha con la forma en que se ha desarrollado el juicio”.
A fin de llevar a cabo las labores de limpieza del derrame, se debió contratar los servicios de una empresa panameña; los peritos de dicha firma, figuraron como testigos de la parte acusadora.
Dentro de la gestión del TAA, arrancó además el juicio contra los propietarios del Proyecto Inmobiliario Hermosa Vista, localizado en Garabito de Puntarenas.
En este caso los desarrolladores pretendían edificar 100 condominios.
La acusación contra el desarrollo se basa en presuntas anomalías al haber afectado 9,4 hectáreas de bosque para hacer caminos, terrazas y taludes, así como el supuesto impacto que se produjo sobre dos quebradas, las cuales fueron prácticamente enterradas con cerca de 4.500 metros cúbicos de sedimentos provenientes de las tierras removidas y restos de materiales de construcción desechados.
Estas quebradas drenan hasta el mar, donde se encuentra el Refugio Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa-Punta Mala, en el cual se protegen tortugas marinas.
Esto indujo a los expertos del Area de Conservación Pacífico Central a reclamar una indemnización de $2,1 millones por el impacto sobre la fauna y la flora protegidas.
Hermosa Vista permanece clausurado desde marzo de este año, tras la imposición de medidas cautelares por parte del TAA. Los jueces proyectan tener una sentencia en este caso para los primeros días de enero.
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