Municipios y mantenimiento de calles
| Viernes 28 noviembre, 2008
Municipios y mantenimiento de calles
Cuando se promulgó la ley 8114, de Simplificación y Eficiencia Tributaria, se creó un mecanismo para que del 30% del impuesto único que se estaba estableciendo sobre los combustibles y que debía ser transferidos al Consejo de Seguridad Vial (CONAVI), un 3% se trasladara a los municipios, cuya proporción entre ellos iba a estar condicionada a parámetros tales como: 60% de estos recursos en función de la extensión territorial del cantón y un 40% al índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS), elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, así los cantones con menor índice recibirían proporcionalmente mayores recursos.
El objetivo era reforzar las partidas presupuestarias de los gobiernos locales para que estos atiendan los caminos cantonales de sus localidades. Pero…¿cómo se asignaron y transfirieron esos fondos?
En 2002 se asignaron ¢6.806,1 millones y los municipios recibieron solo el 54,7% de dichos recursos ya que a muchos les costó organizarse para cumplir los requisitos que implicaban estos desembolsos por un lado, y por otro que el Ministerio de Hacienda aceptara de buena fe entregar dichas partidas.
En 2003 solo se asignaron ¢6.068,8 millones y se entregó el 93,5% a los municipios.
A partir de ese año los montos asignados fueron de ¢11.300 millones en 2004 y se entregó el 95,3%, en 2005 se asignaron ¢12.760,5 millones y se entregó el 95,5%, en 2006, ante el cambio político, se aprovechó el momento y se rebajó la partida a ¢9.910,5 millones, entregándose el 96,8% a los municipios. En 2007 se asignaron ¢16.426,5 millones y se entregó el 97,7% y en lo que va de 2008 se asignaron ¢19.627,2 millones y al 21 de noviembre se había entregado o se estaba a punto de entregar el 97,3% de los recursos.
¿Pero a qué se deben estas diferencias entre los presupuestos asignados y los montos entregados? En el presupuesto de este año, por ejemplo, dos municipios que no han cumplido los requisitos de presupuestar esos recursos ante la Contraloría General de la República, la Municipalidad de Paraíso, que tendría derecho a ¢155,6 millones y la de Garabito, con derecho a ¢213,9 millones.
Por otra parte, la Municipalidad de Abangares dejó de presupuestar ¢43,9 millones y solo presupuestó ¢240,8 millones, la de Liberia dejó de presupuestar ¢22,6 millones y solo presupuestó ¢302,9 millones, la de Oreamuno dejó de presupuestar ¢8,3 millones y solo lo hizo con ¢102,4 millones y la de Alajuela dejó de presupuestar ¢15,8 millones y solo presupuestó ¢240 millones.
Se podría inferir que en estos casos no necesitaban esos dineros, pero habría que conocer qué opinan los ciudadanos que transitan por estos lugares. Solo en el caso de la Municipalidad de San Pablo de los ¢80,5 millones a que tienen derecho, el Ministerio de Hacienda les adeuda al 21 de noviembre de 2008 ¢21,7 millones.
Sin considerar estos municipios específicos, cuando uno pasa, por ejemplo, por las carreteras cantonales de Tibás, Desamparados, entre muchísimas otras, el estado de la mayoría de las vías es deplorable.
Lo malo es que cuando se ideó este mecanismo de financiamiento, con la premisa de que los gobiernos locales son autónomos, no se consideró el control que debería llevar por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como ente fiscalizador y especializado en la materia, en el uso racional de esos recursos, y se dejó esta responsabilidad a las Juntas Viales (que nombra cada Municipalidad); si estas no están integradas por ingenieros o especialistas en la materia, ¿qué cuentas les podremos exigir?
Me parece prudente que se haga conciencia de esto. Y de por qué existen municipios que ni siquiera solicitan estos recursos o si lo hacen, no exigen los montos completos que les corresponden.
Creo que falta legislación al respecto, controles y rendición de cuentas a quienes pagamos esos impuestos indirectos a través de compras de combustibles y no vemos el fruto reflejado en las vías que transitamos.
Randall Castro Vargas
Economista
Cuando se promulgó la ley 8114, de Simplificación y Eficiencia Tributaria, se creó un mecanismo para que del 30% del impuesto único que se estaba estableciendo sobre los combustibles y que debía ser transferidos al Consejo de Seguridad Vial (CONAVI), un 3% se trasladara a los municipios, cuya proporción entre ellos iba a estar condicionada a parámetros tales como: 60% de estos recursos en función de la extensión territorial del cantón y un 40% al índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS), elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, así los cantones con menor índice recibirían proporcionalmente mayores recursos.
El objetivo era reforzar las partidas presupuestarias de los gobiernos locales para que estos atiendan los caminos cantonales de sus localidades. Pero…¿cómo se asignaron y transfirieron esos fondos?
En 2002 se asignaron ¢6.806,1 millones y los municipios recibieron solo el 54,7% de dichos recursos ya que a muchos les costó organizarse para cumplir los requisitos que implicaban estos desembolsos por un lado, y por otro que el Ministerio de Hacienda aceptara de buena fe entregar dichas partidas.
En 2003 solo se asignaron ¢6.068,8 millones y se entregó el 93,5% a los municipios.
A partir de ese año los montos asignados fueron de ¢11.300 millones en 2004 y se entregó el 95,3%, en 2005 se asignaron ¢12.760,5 millones y se entregó el 95,5%, en 2006, ante el cambio político, se aprovechó el momento y se rebajó la partida a ¢9.910,5 millones, entregándose el 96,8% a los municipios. En 2007 se asignaron ¢16.426,5 millones y se entregó el 97,7% y en lo que va de 2008 se asignaron ¢19.627,2 millones y al 21 de noviembre se había entregado o se estaba a punto de entregar el 97,3% de los recursos.
¿Pero a qué se deben estas diferencias entre los presupuestos asignados y los montos entregados? En el presupuesto de este año, por ejemplo, dos municipios que no han cumplido los requisitos de presupuestar esos recursos ante la Contraloría General de la República, la Municipalidad de Paraíso, que tendría derecho a ¢155,6 millones y la de Garabito, con derecho a ¢213,9 millones.
Por otra parte, la Municipalidad de Abangares dejó de presupuestar ¢43,9 millones y solo presupuestó ¢240,8 millones, la de Liberia dejó de presupuestar ¢22,6 millones y solo presupuestó ¢302,9 millones, la de Oreamuno dejó de presupuestar ¢8,3 millones y solo lo hizo con ¢102,4 millones y la de Alajuela dejó de presupuestar ¢15,8 millones y solo presupuestó ¢240 millones.
Se podría inferir que en estos casos no necesitaban esos dineros, pero habría que conocer qué opinan los ciudadanos que transitan por estos lugares. Solo en el caso de la Municipalidad de San Pablo de los ¢80,5 millones a que tienen derecho, el Ministerio de Hacienda les adeuda al 21 de noviembre de 2008 ¢21,7 millones.
Sin considerar estos municipios específicos, cuando uno pasa, por ejemplo, por las carreteras cantonales de Tibás, Desamparados, entre muchísimas otras, el estado de la mayoría de las vías es deplorable.
Lo malo es que cuando se ideó este mecanismo de financiamiento, con la premisa de que los gobiernos locales son autónomos, no se consideró el control que debería llevar por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como ente fiscalizador y especializado en la materia, en el uso racional de esos recursos, y se dejó esta responsabilidad a las Juntas Viales (que nombra cada Municipalidad); si estas no están integradas por ingenieros o especialistas en la materia, ¿qué cuentas les podremos exigir?
Me parece prudente que se haga conciencia de esto. Y de por qué existen municipios que ni siquiera solicitan estos recursos o si lo hacen, no exigen los montos completos que les corresponden.
Creo que falta legislación al respecto, controles y rendición de cuentas a quienes pagamos esos impuestos indirectos a través de compras de combustibles y no vemos el fruto reflejado en las vías que transitamos.
Randall Castro Vargas
Economista