Multa por ocultar a dueños de empresas llegaría hasta ¢42 millones

Las empresas que no faciliten la información que requiera Tributación Directa sobre la transparencia de sus actividades o sobre sus beneficiarios finales, podrían exponerse a una multa de hasta ¢42 millones.
El castigo se incluye en la última versión de la ley contra el fraude fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa y se aprobaría en unos dos meses, de acuerdo con cálculos de diputados.
Para fijar el monto, la iniciativa establece como base el 2% de los ingresos brutos de la persona física o estructura jurídica, en el año anterior al que se cometió la infracción, fijando como mínimo tres salarios base y un máximo de 100 salarios base, calculados para este año en unos ¢424 mil al mes.
La propuesta que debaten los diputados es rechazada por el sector productivo, que considera elevada la multa, aunque sí está a favor de luchar contra el fraude fiscal, la elusión y el contrabando.
“Apoyamos la lucha contra la evasión y el contrabando, pero defendiendo los derechos y confidencialidad de la información, que tiene que estar disponible, bajo parámetros de seguridad y que solo se use en casos concretos, según procesos de investigación. Las multas que se proponen deben revisarse”, dijo Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.
Cuando la administración tributaria aperciba a una sociedad anónima a brindar la información y esta no sea entregada, la empresa tendrá hasta seis días hábiles para facilitar los datos, incluyendo una prórroga de tres días.
Los diputados del bloque opositor que lidera el Congreso, pretenden aplicarle una vía rápida a este proyecto de ley, con el objetivo de que tenga un plazo de votación.
Sin embargo, aún el PUSC no está muy convencido y exige que un juez sea el que autorice el acceso a la información por parte de la administración tributaria y así evitar las investigaciones aleatorias.
“La Unidad siempre ha estado a favor del proyecto pero necesitamos darles seguridad jurídica a las empresas. El registro de accionistas no puede estar sujeto a abusos arbitrarios de cualquier funcionario, tiene que existir una investigación con elementos suficientes para que un juez dé la autorización”, explicó Rosibel Ramos, diputada socialcristiana.