Mujeres en la Política en América Latina

Por Silvia Hernández Sánchez

Presidenta Asamblea Legislativa

América Latina es una región de contrastes y desigualdades, donde coexisten realidades y demandas post-modernas y post-materialistas, con carencias sumamente rudimentarias. El empoderamiento de las mujeres no es la excepción: la nuestra es la región que le dio al mundo la palabra macho en su acepción de género, un prontuario de instituciones típicamente patriarcales y en donde aún predominan valores y comportamientos asociados a masculinidades primitivas, que lesionan los derechos y las capacidades de las mujeres ¡pero también de los hombres! Es una región donde el femicidio cobra la vida de más de 4.500 mujeres cada año y en donde los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres aún distan de los mejores estándares internacionales.

Al mismo tiempo, América Latina también ha sido líder en la adopción de medidas para promover la participación en igualdad de las mujeres en la política, aprobando desde muy temprano cuotas para los cargos de elección popular y recientemente medidas de paridad, en países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, México, Argentina, Perú y recientemente Chile. Argentina fue el primer país del mundo en adoptar cuotas de género en la representación legislativa, en 1991; Ecuador fue pionero en adoptar la paridad vertical, mientras que México aprobó en 2019 uno de los más ambiciosos marcos regulatorios en la materia a nivel global, con paridad en todos los órganos y poderes del Estado.

Según cifras de ONU Mujeres, la participación de las mujeres latinoamericanas en calidad de ministras en el Poder Ejecutivo se ha triplicado en las últimas décadas, pasando de 9% en 1990 a más del 30% en 2019 – aunque persisten aún retos en términos del tipo de cartera que ocupan. En el ámbito legislativo, la región se encuentra entre los primeros lugares a nivel mundial, con un promedio de 33%, casi tres veces por encima del porcentaje de hace tres décadas. Un 24.5% de los escaños a nivel local son ocupados por mujeres, aunque el porcentaje de alcaldesas apenas ronda el 15%.

Aunque las cifras son mejores que en otras regiones, nos encontramos aún muy lejos de alcanzar paridad, sobre todo considerando la gran heterogeneidad que esconden los promedios regionales. Persisten también problemas muy graves, como la violencia política contra las mujeres, que en muchos casos se agudiza por la inmediatez y anonimidad que permiten las redes sociales.

El balance es, por lo tanto, ambiguo. La región merece reconocimiento por la adopción de instrumentos deliberados de inclusión, logros que fueron fruto de un activismo incansable de organizaciones civiles y mujeres y hombres aliados de la equidad, contra obstrucciones recias en los espacios de poder. El reto es continuar avanzando por esta vía, al tiempo que realizamos un esfuerzo por asegurar que la representación descriptiva se traduzca en representación sustantiva, es decir, que el acceso a los escaños y los cargos políticos realmente signifique acceso al poder y la capacidad de incidir en la agenda pública, promoviendo cambios e intereses que anteriormente no se encontraban debidamente representados.