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Sábado, 24 de agosto de 2019



EDITORIAL


Muchos factores que atender

| Martes 21 septiembre, 2010




La lucha contra las drogas seguirá rindiendo pobres resultados mientras no se ofrezca a la población mejor educación, oportunidades de progreso económico y mejor calidad de vida

Muchos factores que atender

Recientemente la Casa Blanca dio a conocer una lista de 20 países considerados como facilitadores para el narcotráfico.
Lamentablemente, en el documento aparecen 13 naciones latinoamericanas y, entre estas, por primera vez se incluye a Costa Rica.
La noticia preocupa y, por tanto, se le debe dar la importancia que requiere antes de que ingresemos a una calificación más grave.
El negocio ilícito de drogas constituye uno de los nuevos desafíos que Centroamérica enfrenta como consecuencia, en parte, de la globalización.
Sin duda, la situación descubre una decadencia en el sistema de valores de nuestra sociedad y es un aspecto sobre el cual se debe insistir.
En este sentido, es importante tener presente el rol protagónico que desempeña la familia como generadora de personas con altos principios morales.
Sin embargo, existen otros motivos que explican un aumento del tráfico de droga en cualquier país y que es deber ineludible mencionar ahora, antes de que el problema nos avasalle como a otras naciones.
La lucha contra las drogas seguirá rindiendo pobres resultados mientras no se ofrezca a la población una mejor educación, oportunidades de progreso económico y una mejor calidad de vida.
Es necesario crear conciencia de que los más beneficiados con el debilitamiento de la narcoeconomía son los grandes países consumidores, no tanto los que resultan victimizados en el combate al tráfico de estupefacientes, el cual lejos de aniquilar el problema solo ha logrado desplazarlo a latitudes más cercanas al destino final del producto, sitios donde precisamente este se cotiza más alto. Actualmente, los países latinoamericanos claman por que las naciones poderosas reduzcan su demanda de drogas.
Por último, el Estado debe mantener el más alto grado de disuasión que le permita su sistema jurídico. El descrédito que padece en la actualidad el concepto del bien común pareciera actuar a veces de modo tal que significa una débil protección a la ciudadanía que vive dentro del marco de la decencia y la legalidad.