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Si un vecindario se organiza mediante una figura legal, para efectos de seguridad, puede aprovechar esto para ampliar el radio de acción a otros aspectos

Mucho más que “agujas”

La noticia dada el viernes anterior por este medio, de que fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que pretende autorizar en los barrios o comunidades la colocación de las llamadas “agujas” de seguridad, se presta para reflexionar sobre varias cosas en torno a la medida en caso de que se convierta en ley.
Aparentemente, el proyecto condicionaría la colocación de las “agujas” a varias cosas como que los vecinos (o su mayoría) deban unirse en una organización legalmente constituida, como podría ser una asociación de desarrollo, a que esos residenciales tengan solo una o dos vías de acceso y esta no sea una carretera sino una calle vecinal, entre otros aspectos como el hecho de instalar una caseta para el guarda con adecuadas condiciones.
Independientemente del destino que espere a dicho proyecto, pareciera que en caso de aprobarse daría oportunidad a que los vecinos de una comunidad y su gobierno local pudieran entrar en más estrecho contacto y coordinación, no solo para efecto de las “agujas” que serían aprobadas por la alcaldía, sino para otra serie de aspectos que tienen que ver con la calidad de vida de los vecinos y las obligaciones de las alcaldías.
Si un vecindario se organiza mediante una figura legal, para efectos de seguridad, puede aprovechar esta circunstancia, que de por sí lo obliga a reunirse periódicamente para conservar la legalidad, para ampliar el radio de acción a otros aspectos como aseo, salud, reciclaje, áreas verdes, espacios para recreación y ejercicio, entre muchos otros.
Por otra parte, sería una gran ocasión para que los miembros del gobierno local, asistiendo a esas reuniones, pudieran entrar en contacto con parte de su vecindario a cargo, para hablar de problemas y encontrar soluciones.
Visto desde otro ángulo, la instalación de las “agujas” como medida de seguridad, no debería eximir en absoluto de la obligación de brindar seguridad a la ciudadanía, a la policía nacional y la comunitaria. Más bien, debería producirse una coordinación para que los guardas privados que manejarían la “aguja”, quienes no son autoridad pública, pudieran contar en cualquier momento con la posibilidad de ser auxiliados por la policía en caso de peligro o sospecha de él.

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