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Aumentan protestas violentas contra gobierno en Bolivia
Morales declara persona no grata a embajador de EE.UU.

Mandatario boliviano pidió a Philip Goldberg que volviera a Washington

La Paz
EFE

Evo Morales presidente declaró ayer “persona no grata” a Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos en La Paz, a quien acusó de “encabezar la división” de Bolivia y de promover junto a la oposición las protestas contra su Gobierno, por lo que le pidió que “urgentemente” retorne a su país.
“Sin miedo a nadie, sin miedo al imperio. Delante de ustedes, delante del pueblo boliviano, declaro al señor Goldberg, embajador de Estados Unidos, persona no grata”, dijo Morales en un discurso que pronunció durante un acto celebrado en el Palacio de Gobierno.
Morales pidió al ministro de Exteriores, David Choquehuanca, que cumpliendo con los marcos legales y diplomáticos le pida a Goldberg que vuelva “urgentemente” a su país, al indicar que no quiere en Bolivia “gente separatista, divisionista”.
“El que conspira (contra) la democracia y sobre todo busca la división de Bolivia es el embajador de Estados Unidos”, apuntó el gobernante, quien calificó a Goldberg como “experto en alentar conflictos separatistas”.
Argumentó que Golberg, entre 1994 y 1996, trabajó como “jefe de oficinas del Departamento de Estado para Bosnia durante la guerra separatista de los Balcanes” y luego entre 2004 y 2006 fue jefe de misión en Pristina, Kosovo, y “allí consolidó la separación o independencia de esa región dejando miles de muertos”.
“Esta decisión que tomamos e
s un homenaje a la lucha histórica de nuestros pueblos desde hace 500 años, 200 años, como también de hace 20 años. Es una lucha permanente contra un modelo económico impuesto desde arriba y afuera”, sostuvo Morales.
El gobernante anunció que llegó “la hora de defender la democracia” y convocó a las organizaciones sociales a movilizarse con ese propósito frente a los sectores sociales opositores que están presionado al Ejecutivo.
La oposición ha puesto en jaque al Gobierno de Morales en varias regiones, con una ola de violentas protestas en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, departamentos aliados en su demanda de autonomía.
Las manifestaciones comenzaron hace más de dos semanas con el bloqueo de carreteras a Paraguay, Argentina y Brasil, la ocupación o atentados contra infraestructuras petroleras, y las tomas y saqueos de varias instituciones y medios de comunicación del Estado.
Morales ha acusado varias veces a Goldberg de ser el principal impulsor de las protestas en su contra, aunque en julio pasado el secretario de estado adjunto para América Latina de Estados Unidos, Thomas Shannon, negó esas denuncias y ratificó su confianza en el embajador.
Recientemente, Goldberg se reunió con el prefecto (gobernador) opositor de Santa Cruz, Rubén Costas, lo que causó que el canciller Choquehuanca le pidiera explicaciones al respecto y le aconsejara tener “más cuidado” con sus reuniones.
La crisis política de Bolivia se agravó por la radicalización de las protestas contra Morales en varias regiones del
país, donde se registraron ayer ataques a las infraestructuras energéticas y nuevos choques violentos.
El Gobierno denunció un atentado contra un gasoducto en el sur del país, que ocasionó la disminución, en un diez por ciento, de los envíos de gas a Brasil, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.
Atribuyó el atentado a grupos de “paramilitares, fascistas y terroristas”, presuntamente organizados por fuerzas opositoras.
Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, anunció que el Gobierno movilizará una “mayor presencia” militar en las instalaciones petroleras para evitar “los atentados criminales”.
En la sureña Tarija también se produjeron ayer escaramuzas entre autonomistas y afines a Morales en la capital departamental, donde se declaró un paro cívico que impide el tránsito normal en la ciudad y que también ha afectado a las operaciones de su aeropuerto.
El atentado de ayer contra el gasoducto se produjo después de la convulsionada jornada de el martes en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde radicales autonomistas saquearon seis entidades estatales en medio de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
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