Monitoreo a Calero arrancará en noviembre
Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Miércoles 05 octubre, 2011
Cámaras cuidarán las 24 horas la zona, ante posibles invasiones
Monitoreo a Calero arrancará en noviembre
Ambientalistas esperan permiso para ingresar al área
A más tardar a principios de noviembre arrancará el monitoreo permanente a isla Calero-Portillo mediante la colocación de cámaras de vigilancia que operarán las 24 horas del día.
El Ministerio de Seguridad ultima la puesta en funcionamiento de este mecanismo que permitirá prever nuevas invasiones a esa parte del territorio, donde la Corte Internacional de Justicia no permite el ingreso de costarricenses ni de nicaragüenses hasta que no resuelva el litigio que tramita desde finales del año pasado.
Además, se colocará una torre aledaña al caño Pastora para facilitar las acciones de monitoreo, se mejoran las condiciones para visitar la zona y no se descartan otras labores de vigilancia aérea y marítima.
En este sentido, ayer jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad, así como de la Cancillería y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones se reunieron para finiquitar detalles que permitan que la zona tenga acceso a electricidad y agua potable.
Inicialmente, la idea es ampliar el cableado desde la comunidad de la Aldea hasta Delta Costa Rica donde convergen los ríos San Juan y Colorado, localidades que están a unos 24 kilómetros de distancia.
Ello en razón de que en Delta Costa Rica se encuentra el puesto de policía fronteriza más cercano a la esquina noreste de isla Calero, lo que agilizaría las labores de monitoreo.
Se pretende también que las inmediaciones de la zona de exclusión se electrifiquen mediante energía solar, ya que las condiciones del suelo impiden cablear el área. Para estas obras el Gobierno destinó ¢1.800 millones procedentes de la Comisión Nacional de Emergencias.
Al mismo tiempo se levantará de manera permanente una base biológica fuera del sector de exclusión, para restaurar la zona afectada y preservar el resto del territorio nacional.
Para ello, ya se envió a la Convención Internacional de Humedales, el informe de impacto ambiental y se espera que el cronograma de labores de reforestación sea aprobado.
De contar con el aval de los expertos de la Convención, como lo establece la sentencia de medidas cautelares que dictó la Corte de La Haya, los técnicos y ambientalistas costarricenses ingresarían a la zona de exclusión el próximo mes, dijo el vicecanciller Carlos Roverssi.
Entre tanto, como parte de las labores para vigilar la frontera norte del país, la semana pasada, mediante un decreto de emergencia nacional, la presidenta Laura Chinchilla autorizó girar ¢4 mil millones para reanudar la construcción de la carretera aledaña al río San Juan.
Dichos recursos fueron girados al Consejo Nacional de Vialidad para que continúe con la vía Dignidad, de la cual solo se han habilitado 330 de los 550 kilómetros y falta la colocación de tres puentes.
Sin embargo, de los tres puentes, solo se instalará uno tipo Bailey, mientras que los otros no se construirán de momento, sino que se utilizarán embarcaciones para pasar de un lado al otro, explicó Mario Zamora, ministro de Seguridad.
Desde el 21 de octubre pasado, cuando Costa Rica denunció la violación a su soberanía, policías nacionales monitorean la zona de manera constante, sin contar con presencia permanente, por las condiciones del territorio. Situación que se pretende revertir con las cámaras, mientras que La Haya da una reunión.
Por tal razón, Chinchilla instó a su canciller Enrique Castillo y demás asesores para que presenten bien el caso a los jueces el próximo 5 de diciembre, con la finalidad de que se conozca el veredicto durante esta administración.
Desde que el conflicto con el vecino del norte se suscitó y el país denunció que Nicaragua vertía en su territorio los sedimentos del dragado que realiza en el río San Juan, las disputas no han cesado.
Pocos días después, Costa Rica también evidenció la invasión de militares nicas a Isla Calero, donde permanecieron hasta que la Corte de Justicia dictó medidas cautelares y ordenó la desocupación de la zona.
Acción que no mermó las diferencias, pues en dos ocasiones la diplomacia nacional ha protestado por nuevas incursiones a suelo costarricense y presuntas violaciones a la resolución de los jueces de La Haya.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net
Monitoreo a Calero arrancará en noviembre
Ambientalistas esperan permiso para ingresar al área
A más tardar a principios de noviembre arrancará el monitoreo permanente a isla Calero-Portillo mediante la colocación de cámaras de vigilancia que operarán las 24 horas del día.
El Ministerio de Seguridad ultima la puesta en funcionamiento de este mecanismo que permitirá prever nuevas invasiones a esa parte del territorio, donde la Corte Internacional de Justicia no permite el ingreso de costarricenses ni de nicaragüenses hasta que no resuelva el litigio que tramita desde finales del año pasado.
Además, se colocará una torre aledaña al caño Pastora para facilitar las acciones de monitoreo, se mejoran las condiciones para visitar la zona y no se descartan otras labores de vigilancia aérea y marítima.
En este sentido, ayer jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad, así como de la Cancillería y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones se reunieron para finiquitar detalles que permitan que la zona tenga acceso a electricidad y agua potable.
Inicialmente, la idea es ampliar el cableado desde la comunidad de la Aldea hasta Delta Costa Rica donde convergen los ríos San Juan y Colorado, localidades que están a unos 24 kilómetros de distancia.
Ello en razón de que en Delta Costa Rica se encuentra el puesto de policía fronteriza más cercano a la esquina noreste de isla Calero, lo que agilizaría las labores de monitoreo.
Se pretende también que las inmediaciones de la zona de exclusión se electrifiquen mediante energía solar, ya que las condiciones del suelo impiden cablear el área. Para estas obras el Gobierno destinó ¢1.800 millones procedentes de la Comisión Nacional de Emergencias.Al mismo tiempo se levantará de manera permanente una base biológica fuera del sector de exclusión, para restaurar la zona afectada y preservar el resto del territorio nacional.
Para ello, ya se envió a la Convención Internacional de Humedales, el informe de impacto ambiental y se espera que el cronograma de labores de reforestación sea aprobado.
De contar con el aval de los expertos de la Convención, como lo establece la sentencia de medidas cautelares que dictó la Corte de La Haya, los técnicos y ambientalistas costarricenses ingresarían a la zona de exclusión el próximo mes, dijo el vicecanciller Carlos Roverssi.
Entre tanto, como parte de las labores para vigilar la frontera norte del país, la semana pasada, mediante un decreto de emergencia nacional, la presidenta Laura Chinchilla autorizó girar ¢4 mil millones para reanudar la construcción de la carretera aledaña al río San Juan.
Dichos recursos fueron girados al Consejo Nacional de Vialidad para que continúe con la vía Dignidad, de la cual solo se han habilitado 330 de los 550 kilómetros y falta la colocación de tres puentes.
Sin embargo, de los tres puentes, solo se instalará uno tipo Bailey, mientras que los otros no se construirán de momento, sino que se utilizarán embarcaciones para pasar de un lado al otro, explicó Mario Zamora, ministro de Seguridad.
Desde el 21 de octubre pasado, cuando Costa Rica denunció la violación a su soberanía, policías nacionales monitorean la zona de manera constante, sin contar con presencia permanente, por las condiciones del territorio. Situación que se pretende revertir con las cámaras, mientras que La Haya da una reunión.
Por tal razón, Chinchilla instó a su canciller Enrique Castillo y demás asesores para que presenten bien el caso a los jueces el próximo 5 de diciembre, con la finalidad de que se conozca el veredicto durante esta administración.
Desde que el conflicto con el vecino del norte se suscitó y el país denunció que Nicaragua vertía en su territorio los sedimentos del dragado que realiza en el río San Juan, las disputas no han cesado.
Pocos días después, Costa Rica también evidenció la invasión de militares nicas a Isla Calero, donde permanecieron hasta que la Corte de Justicia dictó medidas cautelares y ordenó la desocupación de la zona.
Acción que no mermó las diferencias, pues en dos ocasiones la diplomacia nacional ha protestado por nuevas incursiones a suelo costarricense y presuntas violaciones a la resolución de los jueces de La Haya.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net