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A fin de resolver si aceptan indemnización ofrecida por Gobierno para dar puertos a empresa privada
Mitad de muelleros del Caribe exige votación secreta
Sindicato rechaza propuesta al justificar que plan del Poder Ejecutivo “es ilegal”

Poco más de la mitad de los muelleros que laboran en Limón y Moín insistirá ante su sindicato de que convoque a una votación secreta para resolver así el tema de la indemnización que les ofreció el Gobierno.
El 52% de los afiliados al sindicato y un 90% de los no afiliados firmaron una carta que enviarán a los dirigentes donde solicitarán que se convoque a una asamblea extraordinaria para definir el tema de una vez por todas.
Esta es la segunda ocasión en que este grupo propone elevar a votación íntima si aceptan o no el botín de $138 millones ofrecido por el Poder Ejecutivo para que renuncien a sus trabajos.
La primera solicitud fue rechazada de forma tajante por los directivos del gremio, en tanto que la Sala Constitucional no dio curso a una acción planteada por los trabajadores para que se exigiera al sindicato convocar a la asamblea.
La nueva misiva será entregada a la junta directiva del sindicato este lunes a las 3 p.m., anunció Carlos Pemberton, coordinador del movimiento que promueve la consulta secreta. En caso de no ser aprobada, recurrirán ante instancias superiores.
Este grupo justifica que el estatuto señala que los directivos del sindicato deberán convocar a una reunión extraordinaria por petición de al menos el 25%. La asamblea deberá realizarse en los próximos ocho días de la petición de la convocatoria, afirmó Pemberton.
La propuesta realizada por el Ejecutivo contempla girar a cada trabajador ¢2,7 millones por año laborado; a eso se le suma reconocer hasta 20 años de cesantía.
Sin embargo, de antemano los representantes del gremio anunciaron que rechazarán una vez más la misiva pues afirmaron que la ley impide entregar los puertos actuales al capital privado.
La intención del sindicato es realizar una asamblea ordinaria el 9 de octubre para “sacar del engaño a los trabajadores que creen en la promesa del Gobierno de pagar a los trabajadores para que permitan la entrega de los muelles”, dijo Ronaldo Blear, representante del gremio de muelleros.
“La Concesión Política y la Ley de Concesiones son claras en que los puertos actuales no pueden salir de dominio del Estado y no son los trabajadores portuarios ni los sindicatos, sino los diputados, los que pueden modificar la legislación para ceder los muelles”, expuso el dirigente.
El plan del Gobierno es ceder la operación, equipamiento y ampliación de los puertos de Moín y Limón a conglomerados expertos en el mercado.
La estimación de las autoridades es invertir unos $80 millones en ambas estructuras para mejorar su eficiencia.

Danny Canales
[email protected]
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