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El país debe adoptar una política nacional coherente con su retórica de protección a la naturaleza, con leyes que así lo respalden y que deban cumplirse, o dejar de asegurarle eso al mundo

Minería intenta revivir

Es sorprendente que el país deba emplear, nuevamente, tiempo y recursos en atender un asunto relacionado con la operación de una mina que cerró en 2007 por los daños ambientales que generó en Miramar, lo que llevó a declarar la actividad de la empresa de alto riesgo en octubre de ese año.
Ese es el caso de la mina Bellavista. La página que publicó al respecto este medio ayer, incluye datos y un gráfico que dejan muy claros esos daños. No obstante, la empresa pretende ahora la reapertura de esa explotación minera que fue suspendida en 2007.
El país, con toda seriedad, debe definir su situación al respecto de la minería u otras actividades que puedan suponer riesgo de daño importante a la naturaleza y adoptar una política nacional coherente con su retórica de nación que la protege y que cuida el ambiente, con leyes que así lo respalden y que deban cumplirse, o dejar de asegurarle eso al mundo y decantarse por lo contrario. Los costarricenses, desde luego, son los que deben tener la palabra en esto que es un asunto de interés nacional.
Volviendo al caso concreto de la mina Bellavista, hay interrogantes en el aire. Por ejemplo: ¿correspondía una multa por el daño ambiental ocasionado? ¿A quién tocaba definir su monto?
Además, hay otras cosas de suma importancia que tomar en cuenta. Entre los datos publicados por este medio ayer se detalla que, de entrar en operación nuevamente la mina en cuestión, esta requeriría 4.200 metros cúbicos diarios de agua.
Más allá de las causas que estén generando la actual falta del líquido vital a pobladores de Miramar hoy, el tema de los requerimientos de agua para actividades de cualquier tipo, ya sean mineras u otras, es asunto que debe analizarse en profundidad antes de tomar decisiones. El contar con suficiente provisión de agua para la población del país es prioritario y, como se sabe, lo será cada día más.
Es decir, Costa Rica debe establecer muy bien sus prioridades y definir una política nacional clara que no requiera más estudios, tiempo y recursos gastados en ello. Esta debe ser una decisión país, que esté siempre por encima de uno u otro gobierno.

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