Miles marchan contra gobierno de Ortega

Cerca de 30 mil recorrieron las principales vías de Managua

Miles marchan contra gobierno de Ortega

Manifestantes protestaron contra la crisis económica y pidieron la renuncia del mandatario

Managua

EFE

Miles de nicaragüenses marcharon ayer por las calles de Managua para protestar, por segunda vez en menos de un mes, contra las políticas del Gobierno de Daniel Ortega, la carestía de la vida, el desempleo, y en defensa de la democracia.

La consigna unánime de la marcha fue la renuncia del presidente Daniel Ortega, gobernante de Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde enero de 2007, por no dar respuesta a los problemas del pueblo.

La marcha, bajo el lema “Por una Nicaragua para todas y todos, por el derecho a la vida, a la comida, al trabajo y a la participación ciudadana”, fue convocada por la Coordinadora Civil, que aglutina a decenas de organismos no gubernamentales y de la sociedad civil.

“¡Que se vaya!”, “¡Basta ya!”, “¡Democracia sí, dictadura no!”, “¿Quién dijo miedo?”, “De que se van, se van”, fueron los gritos que corearon y enarbolaron en mantas y pancartas los manifestantes que, según los organizadores, sumaron más de 30 mil personas.

La representante de la Coordinadora Civil, Georgina Muñoz, declaró a Efe que la manifestación se convocó “en defensa” de los “derechos políticos, económicos y sociales”.

Según Muñoz, el Ejecutivo debería de convocar a un diálogo para buscar soluciones a la elevada inflación, que en el primer semestre de este año llegó a 11,76 por ciento, la más alta en Centroamérica.

Durante la marcha, de tres kilómetros, que culminó esta tarde en las afueras de la Asamblea Nacional, participaron miles de mujeres y jóvenes, así como representantes de organismos no gubernamentales, sociedad civil, partidos políticos opositores, y delegaciones representativas de las 15 provincias y dos Regiones Autónomas del país.

También asistieron personalidades como la poetisa y escritora Gioconda Belli, la ex guerrillera y ex ministra sandinista Dora María Téllez -que protagonizó una huelga de hambre de 13 días contra el Gobierno- y los cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, quienes han prohibido al Gobierno usar sus populares canciones en actos oficiales.

Antes de dar inicio a la marcha representantes de las diversas organizaciones enumeraron sus demandas al Gobierno frente a los asistentes.

En los discursos los representantes cívicos denunciaron la creciente carestía de la vida y la falta de espacios democráticos y cívicos y pidieron la cesión del siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la Educación, la restitución del aborto terapéutico en el país, y la equiparación salarial de los maestros con sus colegas centroamericanos, entre otras demandas.

También se reivindicó el respeto a la democracia, a las instituciones y criticaron a Ortega por su cercanía con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Nos han cerrado los espacios democráticos y estamos viendo una especie de operación de tenazas” de parte del Gobierno en contra de la institucionalidad, dijo a Efe la escritora Gioconda Belli, ganadora del premio Biblioteca Breve 2008, durante la marcha en Nicaragua.

La primera marcha, en la que participaron decenas de miles de nicaragüenses, se celebró el 27 de junio pasado.

Al finalizar la marcha, en las afueras de la Asamblea Nacional, los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy interpretaron varias de sus populares canciones.

“Aquí estamos, como en 1969 y 1971, en aquellas grandes movilizaciones contra la dictadura de Somoza, ahora contra esta nueva dictadura que se pretende instalar en Nicaragua”, dijo Carlos, antes de entonar “Cristo de Palacagüina”.

Los hermanos Mejía Godoy, antiguos militantes del FSLN, ahora simpatizan con el opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS), un colectivo integrado por disidentes sandinistas y fundado en 1995 por el escritor Sergio Ramírez Mercado, partido al que recientemente le fue retirada su personalidad jurídica.

Protección para la Amazonía

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Venezuela, Hugo Chávez, y Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, firmarán el viernes un convenio de desarrollo y protección de la Amazonía, informó ayer el Gobierno boliviano.

El encuentro, que durará unas cuatro horas, se celebrará en la localidad amazónica de Riberalta, a unos 900 kilómetros al nordeste de La Paz, cerca de la frontera con Brasil.

Los gobernantes firmarán una declaración con el compromiso de respaldar el desarrollo y la protección del equilibrio ecológico de la Amazonía, coordinando además una ayuda técnica y económica, señaló ayer el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Además, Morales y Lula firmarán un convenio para concretar un préstamo brasileño de $230 millones destinado a la construcción de una carretera de 508 kilómetros en la Amazonía que permitirá unir los departamentos de La Paz, Beni y Pando.

Quintana agregó, en declaraciones al canal estatal de televisión realizadas desde Riberalta, que Morales y Chávez suscribirán, por su lado, un acuerdo económico, aunque no dio más detalles.

El funcionario se mostró también “satisfecho” con las organizaciones regionales de Riberalta en la preparación de la recepción de los gobernantes, pese a que el líder cívico opositor de esa localidad, Marco Jauregui, declaró que se opondrán a la visita de Chávez y la presencia de militares venezolanos en el lugar.

“No se va a permitir que ingresen soldados, ni Chávez a este territorio”, advirtió Juaregui.

En diciembre pasado, grupos opositores autonomistas de Riberalta, que pertenece al departamento de Beni, apedrearon un avión Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana cuando intentaba aterrizar y lo obligaron a viajar a Brasil.

La movilización se produjo ante el temor de que llegasen militares y armas venezolanas a la región.

El presidente venezolano es uno de los más firmes aliados de Morales y de hecho su .Gobierno ha entregado a Bolivia desde 2006 ayuda por más de $100 millones.

Morales reparte directamente esa cooperación, que no pasa por los controles oficiales, en cheques entregados a instituciones sociales, municipios e incluso a las Fuerzas Armadas.