Una visión del futuro, desde la perspectiva de cuatro expresidentes costarricenses, presenta esta semana LA REPÚBLICA

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Miguel Ángel Rodríguez

Equidad y eficiencia

Gerson Vargas/La República

El terreno está preparado para afrontar nuestros retos.
Desde finales de los años 90 no ha habido mejor ambiente para una campaña seria con debate profundo.
Contribuyen a esto, entre otras cosas, las propuestas que, a solicitud de la señora Presidenta, presentó el grupo de notables; las presentaciones de diversas organizaciones sobre finanzas, empleo público, organismos de control así como el trabajo de medios de comunicación como LA REPÚBLICA, que han insistido en la necesidad de destrabar los engranajes del Estado y la sociedad.
Igualmente llama al debate serio, la frustración que en la calle se palpa.
Crecemos, pero no lo suficiente.
La reducción de la pobreza se ha estancado.
La desigualdad aumenta.
Hay atraso en infraestructura.
Las finanzas públicas están deterioradas.
El modelo de desarrollo de promoción de exportaciones no ha evolucionado hacia uno basado en la productividad.
Los programas sociales no mejoran en eficacia ni en eficiencia.
Los sistemas de educación, capacitación y de salud públicos no responden a las necesidades del siglo XXI.
Son problemas grandes, pero con mejor gobierno, una economía eficiente y un uso inteligente de los programas sociales podremos progresar, tenemos grandes fortalezas para lograrlo y ser más equitativos.
Pero la máquina política está entrabada por la desconfianza, y para poder avanzar en lo demás es necesario hacerlo primero en facilitar la toma de decisiones públicas.
Esta campaña es muy buena oportunidad.
Se requieren mejoras en la administración diaria de las instituciones; adoptar cambios estructurales en las relaciones entre los poderes del Estado y con los ciudadanos; en la puesta al día de las actividades de supervisión y de regulación.
Lo primero que se necesita es responsabilidad de los próximos gobernantes en el manejo ordinario de ministerios, órganos descentralizados y de la Asamblea Legislativa, así como que el Poder Judicial responda por la administración de justicia.
Se precisa mayor transparencia en las acciones, seguridad en leyes y regulación, así como un claro y oportuno sistema de rendición de cuentas.
La Comisión de Notables propuso ya los cambios estructurales requeridos, y el Gobierno ha presentado tres proyectos de ley.
Pero aún no se produce el debate necesario.
¿Vamos a adoptar un sistema semiparlamentario capaz de encauzar la multiplicidad de fuerzas políticas actuales, o vamos a esperar que nuevos liderazgos, la reelección presidencial y en el Congreso, así como los cambios en el reglamento legislativo permitan que el sistema político vuelva a funcionar?
¿Cómo recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y en la seguridad jurídica?
Para aumentar la productividad y el crecimiento requerimos un impulso en infraestructura, la adopción de un sistema cambiario objetivo y metas de inflación similares a las de nuestros socios comerciales, eliminación de trámites, modernización de la regulación de servicios públicos, emigrar hacia un modelo de desarrollo basado en productividad y adaptarnos al cambio climático.
Una economía eficiente necesita un Estado eficiente.
Es imprescindible mejorar el Servicio Civil para perfeccionar la contratación, la capacitación y la evaluación de los empleados públicos y detener las diferencias arbitrarias y los aumentos automáticos de salarios.
La operación del Estado requiere recursos.
Los actuales son insuficientes.
Esto amerita nuevos impuestos, amén de mejorar el cobro.
La explosión de gasto recurrente del gobierno 2006-2010 impide que se aprueben nuevos recursos fiscales, si simultáneamente no hay una fuerte reducción y racionalización de los egresos.
Hay que detener la contratación de personal, salvo para educación, salud y seguridad ciudadana, y permitir su movilidad entre distintas dependencias públicas, para optimizar su buen uso.
Es de esperar que las propuestas que está preparando el Ministro de Hacienda provoquen discusión y compromisos durante la campaña.
Hemos logrado avances espectaculares en el sector social como las leyes de Protección al Trabajador y de Paternidad Responsable, la ampliación de las pensiones no contributivas y de las becas tanto para primaria como secundaria, así como la mayor atención a niños de cero a cinco años.
Pero sigue siendo ineficiente el uso de recursos para la atención de las familias pobres: basta comparar los resultados con los recursos empleados.
Es doloroso el deterioro de la administración de la CCSS a pesar de progreso reciente. Al aumento en contratación de personal y en el gasto, se contraponen las esperas para citas.
Desdichadamente, en educación pública los avances en calidad de la enseñanza de matemáticas, ciencias y un segundo idioma son liliputienses, lo que contribuye al aumento en la desigualdad.
La capacitación laboral del INA requiere adaptarse a las nuevas tecnologías y ser coordinada con la educación técnica.
En esta área es urgente llegar a acuerdos para manejar los programas de manera que los recursos lleguen a quienes los necesitan, y que la calidad de las prestaciones públicas en educación, capacitación y salud sea óptima.
Ninguna persona, ningún partido, es dueño de la verdad.
Todos podemos —en debate serio y respetuoso— ir al encuentro de la equidad y la eficiencia.
Si en esta campaña se abandonan prejuicios, soberbia y eslóganes, el debate político podría mejorar la eficiencia del Gobierno, los recursos destinados a su manejo, el impacto de los programas sociales y la productividad y competitividad de nuestro sector productivo.
Ese sería el inicio para recuperar la confianza en la política.