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Mi marciano favorito

Claudia Barrionuevo claudia@chirripo.or.cr | Lunes 21 septiembre, 2009

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Un curioso suceso ocupó las primeras planas de los periódicos nacionales la semana pasada: el presidente del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) —puesto de confianza nombrado por el presidente— presentó un recurso de amparo contra don Oscar Arias y doña Jenny Phillips, ministra de Hacienda.
La noticia puso en evidencia la precaria situación del INVU.
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo fue creado en 1954 con el fin de facilitar soluciones de vivienda de interés social tanto para los más pobres como para la clase media, por medio de préstamos favorables.
En 1979 don Rodrigo Carazo nombra a un Ministro sin cartera a cargo del Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos. Posteriormente, en la primera administración Arias, se crea el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).
El presidente Arias en su actual mandato reagrupó al sector público en 16 sectores. En uno de ellos —el Sector Social y Lucha contra la Pobreza— está ubicado el INVU bajo la rectoría del MIVAH.
Se supone que el INVU debe ejecutar los programas de vivienda de acuerdo con las políticas definidas por el Ministerio con los recursos asignados por el BANHVI.
En sus inicios, la ley establecía que el Instituto en cuestión recibiría el 3% del presupuesto nacional. Posteriormente, en 1965, se le asignó un monto anual de ¢8 millones. Este dinero —además de no haberse girado con regularidad— no guarda ninguna relación con los costos actuales del INVU. Solo el salario del presidente ejecutivo debe estar cercano al millón o millón y medio mensuales. ¿Y el resto de los salarios?
La institución no es rentable por sí misma puesto que su objetivo es social y no económico. Por lo tanto para subsistir el INVU se ha visto obligado a disminuir el personal (de 1.100 funcionarios a inicios de los 90 pasó a un poco más de 200, lo cual puede considerarse positivo) y vendiendo parte de sus activos (entiéndase lotes, lo cual puede considerarse ilegal).
Dada la dificultad legal que existe para cerrar instituciones, los gobiernos desde hace décadas han ido disminuyendo los presupuestos anuales de las que —según su parecer— ya no sirven. No matan al paciente practicándole la eutanasia sino que le van apagando una a una las máquinas que le permiten sobrevivir.
Hace apenas dos meses y medio, don Agustín Mourelo fue juramentado como presidente del INVU en sustitución del jerarca anterior, que renunció tras ser detenido por la policía de tránsito por conducir en estado de ebriedad.
El señor Mourelo obviamente siente que no le debe nada a nadie. Ni siquiera a quien lo puso en ese puesto. No le interesó la “fama” de ser presidente del INVU. Su interés se centró en defender a una institución desamparada por el Estado.
Luego de conocer el recurso de amparo interpuesto por el ahora destituido jerarca, las declaraciones de don Oscar fueron —como siempre— desafortunadas y hasta groseras, calificando al señor Mourelo de “extraterrestre recién aterrizado”. Es decir, de marciano
¿Fue la decisión de don Agustín correcta o no? Depende del punto de vista. ¿A quién le debe lealtad? ¿Al Presidente de la República que lo nombró o a la Constitución que juró —por Dios— respetar?

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