México empieza a pensar en biocombustibles

México empieza a pensar en biocombustibles

Andrés Piedragil

América Economía

En México, pocos se atreven a descartar el mal augurio: el petróleo se está acabando. Los yacimientos en producción muestran signos de agotamiento. Al mismo tiempo, la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) no tiene los recursos económicos ni la tecnología para explotar los yacimientos que aún están disponibles en la profundidad del Golfo de México.

Ante este escenario, el país trata de impulsar el desarrollo de nuevas fuentes de energía, en especial las basadas en recursos naturales renovables. Y como en otras latitudes, las autoridades mexicanas creen que los biocombustibles –con el etanol como elemento central– podrían ofrecer una alternativa a la política energética.

Pero el entusiasmo no es general, como quedó demostrado cuando se votó en el Congreso la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos, una iniciativa gubernamental para impulsar la producción y uso de bicombustibles. Aunque logró ser aprobada a pesar de la oposición de la izquierda, el presidente Felipe Calderón acabó por vetarla, modificarla y regresarla a los diputados para una nueva votación. Finalmente fue aprobada en diciembre de 2007 por el Senado.

En su primera versión, la ley sugería que la producción de etanol debería basarse en los cultivos de maíz y caña de azúcar. Un aspecto que, dada la importancia del maíz en la alimentación diaria de los mexicanos, fue el principal impulsor del veto.

El texto definitivo simplemente opta por no especificar cultivos. “La diversidad geográfica de México permite incorporar distintas especies a la producción de etanol”, afirma Héctor Padilla, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Federación Mexicana. Al mencionar fuentes potenciales de biocombustibles, la ley también habla de recursos como algas marinas, soja, sorgo, remolacha, celulosa, y de elementos como girasol y cártamo, entre otros, en el caso del biodiésel.

El gobierno mexicano aspira a contar, para fines de 2012, con al menos 300 mil hectáreas de grano para la producción de biocombustibles (1,4% de los 21 millones de hectáreas de suelo cultivable que tiene el país). Y aunque la tierra asignada parece poca, ha resultado suficiente para encender las críticas contra el proyecto. Por un lado, hay quienes consideran que no se podrá evitar al maíz y la caña de azúcar, ya que ambos son el principal insumo para la producción de etanol y se ha desarrollado mucha experiencia y tecnología para su explotación.

Y México no está en una posición sencilla para considerar al maíz como alternativa. Según datos de la Secretaría de Agricultura, el maíz ocupa el primer lugar en superficie sembrada (8 millones de hectáreas) y ostenta una producción promedio anual de 21 toneladas, apenas suficiente para cubrir la demanda interna: cada año hace falta importar 7 millones de toneladas.

“No hay que engañarnos, la cantidad de maíz que se requiere para llenar el tanque de una camioneta es la misma que se necesitaría para alimentar a una persona durante un año”, afirma Augusto López, diputado del Partido Verde Ecologista de México, que se ha opuesto firmemente a la ley.

La caña de azúcar ofrecería una mejor alternativa. Según datos del gobierno, su producción se ubica en el orden de los 5 millones toneladas al año, con excedentes cercanos a una tonelada.

“El maíz está marcado por problemas productivos y políticos, de ahí que la caña de azúcar resulte una mejor opción”, dice el académico del departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, José Antonio Serro.

No obstante, el consenso en torno al cultivo ideal no garantizaría el éxito del proyecto. La generación de etanol exigirá la importación de tecnología y el desarrollo de una industria local y su cadena de suministro. Actividad que no sería fácil de implantar en México, donde la producción y distribución de los combustibles están en las manos del Estado.

Sin capacidad financiera, la vía de los biocombustibles se antoja aún más complicada. “En la medida en que la legislación no permita que particulares participen en la producción y acarreo de combustibles no habrá avances”, ha declarado a la prensa mexicana Francisco Gurría, director de la consultora Asesores y Consultores en Desarrollo Agrícola.

Para Serro, de la Universidad Iberoamericana, el modelo económico es clave para el despegue de una política de biocombustibles, como lo demuestra el caso de Brasil, dice. “El gobierno brasileño involucró a productores del campo, compañías del sector energético, fabricantes automotrices, para dar forma a su proyecto de etanol. Se preocupó de alinear los intereses de todos los participantes de la industria y en eso ha radicado del éxito del proyecto”. En México, dice, una iniciativa similar sólo podría ser encabezada por Pemex, el monopolio estatal que es clave para pensar en usar etanol como oxidante de gasolina.

México se ha tomado demasiado tiempo en discutir el tema, a diferencia de naciones como Colombia y Guatemala que han impulsado sus proyectos de desarrollo de biocombustibles. Y ese quizá sea el dato más inquietante del nuevo proyecto mexicano de biocombustibles: “Apenas estamos diciendo ‘lo vamos hacer’ –asegura Serro– en lugar de decir ‘lo estamos haciendo’”.