Mesura y cordura frente a la violencia por tierras

De mis años como empresario en ganadería e industria recuerdo las desbordantes pasiones que se vivían en Honduras, en la década de 1970, por la aplicación de la reforma agraria. En las disputas por la posesión de la tierra resurgen las más primitivas pasiones que a menudo ofuscan la racionalidad y el buen juicio.

Cuando en este tipo de confrontación se enfrentan intereses legítimos de diversos grupos la situación se torna más delicada.

En nuestra patria recientemente la violencia por conflictos relativos a tierras ya ha cobrado la vida de dos compatriotas indígenas Sergio Rojas el año pasado y Jerhy Rivera hace pocos días, lo que agrava profundamente los hechos y a todos nos debe doler.

El tema incluso mereció un artículo del New York Times el pasado 10 de los corrientes, “Los conflictos por las tierras indígenas se recrudecen en Centroamérica”, lo que hace aún más importante ocuparnos de estos temas, que ameritan el concurso de toda la sociedad.

Los conflictos entre comunidades indígenas y campesinos no indígenas se vienen produciendo en Pérez Zeledón y Buenos Aires. Afectan 6 territorios de cuatro etnias: bribri, brunca, cabécar y térraba y potencialmente pueden llegar a afectar 24 territorios indígenas establecidos por ley en 1977 como áreas “inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan"

Claro que se enfrentan intereses legítimos que cuando entran en conflicto es tarea del estado solucionar, compensando a quien con legítimos derechos debe cederlos ante el beneficio nacional.

Eso no se ha cumplido y no se puesto en posesión de sus territorios a las comunidades indígenas. El crecimiento de la población indígena ha hecho más urgente para estos compatriotas ejercer sus derechos, pero a la vez la extensión del tiempo de ocupación de esas tierras por no indígenas los ha reafirmado en sus reclamos sobre ellas.

Cuando fui diputado tuve ocasión de hacer justicia a la increíble circunstancia de que a los compatriotas con más antiguo derecho a ser costarricenses, por ser nómadas y no registrarse su lugar de nacimiento en las zonas fronterizas con Panamá, se les obligaba a obtener su ciudadanía por naturalización y logré que se diera la Ley de Cedulación Indígena y se aprobara el convenio 169 de la OIT que, entre otros reconocimientos de importantes derechos para los pueblos indígenas, les garantiza el derecho a su autodeterminación.

Con esos antecedentes busqué poder conversar con el Sr Viceministro de la Presidencia de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano don Randall Otárola Madrigal, quien muy gentilmente me atendió junto con su Asesor don Geyner Blanco. Por teléfono, como el Coronavirus 19 lo demanda de una persona con mis 80 años.

Don Randall me manifestó: “Es necesario atender los conflictos en territorios indígenas para que el estado reivindique los derechos de los pueblos indígenas. Pero a la vez se debe reconocer que personas no indígenas los han habitado por mucho tiempo, algunos con interés legítimo pues su posesión es anterior a la ley de 1977, y otros sin esa condición pero que carecen de ingresos salvo lo que obtienen de pequeñas parcelas que ocupan. En todos estos años se han entregado pocas tierras por inacción del estado. Las comunidades indígenas han procedido a la recuperación de hecho de sus tierras. Los poseedores no indígenas se han enfrentado a estas tomas de hecho”

Por esos enfrentamientos se produjo en 2015 una disposición de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en protección de los Territorios Térraba y Salitre, comunidades en las cuales desdichadamente perdieron sus vidas esos dos líderes indígenas.

El Sr Geyner Blanco me comentó: “Buenos Aires es el segundo cantón más pobre del país y además tiene gran limitación en las tierras disponibles para los campesinos no indígenas. Un 38% de su territorio está ocupado por territorios indígenas, y muy importante área es de grandes explotaciones de piña y otra buena porción iba a ser inundada por el proyecto hidroeléctrico Diquís, hoy dejado de lado por las nuevas condiciones en cuanto a generación eléctrica. Esto agrava el enfrentamiento por las tierras. La ley de 1977 ordena la indemnización a los poseedores con derechos anteriores a su vigencia, pero hay pequeños poseedores que quedarían con una mano atrás y otra adelante. Por eso se tiene un nuevo planteamiento para no dejar en abandono a quienes no recibirían indemnización y recurrirían a vías de hecho.”

El Sr Viceministro acotó: “El gobierno busca una solución compartida mediante un diálogo social. Para quienes no califican para ser indemnizados y son pequeños poseedores en condiciones de vulnerabilidad se plantea un plan de acompañamiento por parte de los programas sociales del estado. Así, a la par del Plan de Recuperación de Tierras del INDER para medir los predios ocupados en los territorios indígenas y determinar si cabe y cuál es el monto de la indemnización, se atienden las necesidades de los campesinos no indígenas que requieren apoyo de la acción social del estado, por la pérdida de las tierras que poseen. A la vez para poder llevar a cabo esta tarea en paz, se les solicita a las partes una amnistía para que no se generen conflictos, y se busca el apoyo institucional de las municipalidades.”

Lo peor que podríamos hacer los costarricenses es voltear la espalda ante estos conflictos. Ocurren lejos de la Meseta Central, pero si no los resolvemos causarán más violencia, y desdichadamente incluso más muertos. Además como les comenté a don Randall y a don Geyner la propia solución de los conflictos en Pérez Zeledón y en Buenos Aires adelantará la demanda por la devolución de sus tierras en los otros territorios indígenas, que en la Zona Sur los hay también en los cantones de Corredores, Coto Brus y Golfito y en el resto del país se ubican en la Zona Atlántica en Limón, Matina, Talamanca, Turrialba y Siquirres; en la Zona Norte en Guatuso y San Carlos; en Guanacaste en Hojancha y Nicoya y en la Meseta Central en Mora y Puriscal. Por eso la atención de las justas reivindicaciones de nuestros compatriotas indígenas y de las adecuadas compensaciones indemnizatorias o de asistencia social para los ocupantes no indígenas deben merecer una intensa acción de nuestro gobierno varios años por delante.