Mercado eléctrico ante inminente apertura

Un proyecto que elabora el Poder Ejecutivo eliminará obstáculos a empresas privadas para invertir en producción

Mercado eléctrico ante inminente apertura

• Iniciativa busca adecuar legislación al resto del istmo, duplicar capacidad existente y eliminar dependencia del petróleo

• Plan tiene el respaldo de industriales, diputados y jerarcas del ICE pero el rechazo de los representantes de los trabajadores

Danny Canales

dcanales@larepublica.net

La empresa privada tendrá vía libre para construir proyectos eléctricos aprovechando los recursos naturales del país, de aprobarse un proyecto de ley que elabora el Poder Ejecutivo.

Bajo el nombre de “Ley General de Electricidad”, la iniciativa busca duplicar la capacidad de generación instalada, adecuar la legislación nacional a la del resto de Centroamérica y reducir la dependencia del petróleo.

Aunque actualmente es permitida la participación privada en la producción eléctrica, las leyes contemplan una serie de limitaciones y vacíos legales que han impedido desarrollar este mercado.

La propuesta de ley se encuentra en borrador y la intención del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), ente encomendado para elaborar el texto, es discutirla en las próximas semanas con los sectores involucrados.

La meta del Minaet es enviar el proyecto a discusión de los diputados apenas concluya el trámite de la agenda de Implementación del tratado de comercial con Estados Unidos, adelantó Julio Matamoros, viceministro de Energía.

El funcionario agregó que el desafío es que el plan sea aprobado por la Asamblea Legislativa antes de que concluya este gobierno, debido a la necesidad que tiene el país de fortalecer el mercado eléctrico.

Aunque apenas está en su fase de elaboración, la iniciativa cuenta con un amplio respaldo en la Asamblea Legislativa, sectores productivos y la administración del ICE. No obstante también genera el rechazo de los gremios de trabajadores.

Se estima que para atender la futura demanda de energía, se requiere duplicar la capacidad de producción eléctrica en un plazo de diez años. Es decir, que se necesita llevar la capacidad instalada a unos 4.400 megavatios.

Debido al gran trabajo y a la alta inversión —estimada en unos $9 mil millones— que eso conlleva, es que el Poder Ejecutivo estimularía más la participación privada en el mercado eléctrico, comentó el Viceministro de Energía.

Otro objetivo del proyecto de ley es homologar la legislación nacional a lo convenido en el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (Siepac), al cual el país se incorporó hace una década.

Costa Rica es uno de los países que más rezago muestran en la actualización de sus leyes, debido a que presenta vacíos en cuanto a la creación de un mercado eléctrico mayorista y su regulación.

La reducción de la dependencia que tiene el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de los combustibles fósiles para la producción energética es el tercer punto que atenderá la propuesta de ley.

Se estima que este año el ICE invertirá unos $160 millones para adquirir los derivados del crudo necesarios para producir energía térmica, es decir casi un 13% más de lo que compró en 2007.

Precisamente para mitigar la factura petrolera para la generación de energía, el proyecto permitirá solo la producción de electricidad con recursos provenientes de fuentes que no sean fósiles, es decir agua, viento, sol, biomasa o geotermia.

“Es parte de la política que indica que a 2021 toda la energía que se produzca será renovable y queremos que participen en ella tanto empresas públicas como privadas en proyectos de grande, mediana o pequeña escala”, dijo Matamoros.

La apertura del mercado de la producción de energía fue aprobada en 1990, sin embargo, la legislación es limitada y presenta vacíos que han impedido una mayor inversión de empresas privadas.

Por ejemplo, a pesar de que desde hace 18 años se aprobó la Ley Nº7200 —que permitió la cogeneración eléctrica— la producción energética mediante ese modelo no ha cumplido la expectativa trazada originalmente.

Aunque ese proyecto permite a la empresa privada construir hasta 315 megavatios (que es el equivalente del 15% de la capacidad instalada del país) hasta ahora se han desarrollado 187 megavatios.

Este desaprovechamiento se produjo debido a que un vacío legal, alertado por la Procuraduría General de la República, le impide al Minaet otorgar nuevas concesiones de agua para generar energía.

Sucede lo contrario en el caso de la Ley Nº7508, que fue aprobada hace 13 años, pues más bien ya se cumplió el límite máximo de participación privada permitido por esta norma en producción de energía.

Es decir que aunque haya más empresas interesadas en desarrollar proyectos eléctricos, la legislación no se lo posibilita.

Más recientemente se aprobó la Ley Nº8365, la cual permite a las empresas de servicios públicos y municipales y a las cooperativas construir proyectos eléctricos para abastecer su demanda.

Sin embargo, en los cinco años de vigencia de esa ley solo se han desarrollado cuatro plantas ante la poca experiencia de las empresas y la limitación financiera para desarrollar los proyectos.

Precisamente estos vacíos son los que sustentan el respaldo político e industrial sobre la Ley General de Electricidad.

“La carga de la inversión eléctrica no debe recaer sobre una institución. Se debe poner a ICE a competir sin dejar de ser una institución del Estado”, dijo Jorge Eduardo Sánchez, diputado socialcristiano.

El legislador comentó, sin embargo, que el proyecto no debe perder el principio de solidaridad.

Por su parte, José Manuel Echandi, congresista independiente, destacó la iniciativa de eliminar la dependencia del petróleo y los límites que tiene la empresa privada para producir electricidad.

“Urge una legislación acorde con el mercado centroamericano, pues a pesar de que el país forma parte del convenio tiene impedimentos por cuestiones de regulación”, dijo la legisladora Evita Arguedas.

También se le consultó a Elizabeth Fonseca, jefa de la bancada de Acción Ciudadana, pero dijo que no se iba a referir porque desconocía el borrador del proyecto de ley.