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Chinchilla firmó contrato, a pesar de denuncia de bananeros y sindicalistas
Megaterminal avanza contra viento y marea

APM Terminals cuenta con 18 meses para realizar diseño del proyecto

Aunque la concesión para construir una megaterminal de contenedores en Moín, Limón, otorgada a la firma APM Terminals todavía enfrenta un proceso judicial, ayer la presidenta Laura Chinchilla firmó el contrato que permite arrancar con la primera etapa del proyecto.
Contra viento y marea el gigante holandés obtuvo el aval del Gobierno, para en un plazo de 18 meses presentar el diseño de las obras y realizar los estudios necesarios que aseguren la viabilidad del proyecto.
Antesala para arrancar con la construcción de la terminal portuaria, tras obtener el refrendo de la Contraloría General.
“Este proyecto pretende sacarnos del sótano de los rankings de competitividad portuaria donde ocupamos el puesto 132 de 135 países y ponernos a la cabeza”, explicó Chinchilla.
Si bien el cronograma ya fue delimitado por la actual administración y se tiene previsto que la edificación de dichas obras arranque en 2013, la legalidad del contrato suscrito ayer por la mandataria todavía está por discutirse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Instancia donde se tramitan dos demandas, una de la Cámara Nacional de Bananeros y otra del Sindicato de Japdeva, agrupaciones que denuncian la supuesta existencia de al menos 71 inconsistencias en el proceso de concesión, que ameritarían anular el contrato o bien iniciar de nuevo el concurso.
La principal queja es la forma en como se fijaron las tarifas, pues se consideran excesivas y carentes de fundamento técnico, también se impugnó que no se realizaran los estudios ambientales previos a la apertura de la licitación.
En este sentido, los muelleros solicitaron medidas cautelares, momentáneas mientras se tramita el fondo del asunto, pero tal petición fue rechazada por el juez Billy Araya la semana pasada, al considerarla “desproporcional” y “carente de seriedad”.
Sin embargo, la pugna para que este proyecto no se lleve a cabo aún no termina, pues el martes Ronaldo Blear, secretario general del Sindicato apeló tal decisión.
Asimismo, lamentó la rúbrica del contrato por parte del Ejecutivo, ya que a su juicio da todas las armas legales a APM Terminals para cobrar una indemnización, en caso, de que el Contencioso se traiga abajo la concesión.
“Fue un acto de irresponsabilidad lo que hizo la presidenta Chinchilla, existen dos demandas y si llegaran a declararse con lugar, como nosotros creemos, somos los costarricenses los que tendremos que pagar esa irresponsabilidad”, dijo Blear.
Similar apreciación tienen los bananeros, quienes concuerdan en que lo más prudente era esperar a que el Tribunal se pronunciara por el fondo.
“Que las medidas cautelares no hayan sido acogidas, en ningún momento quiere decir que no tenemos la razón, eso está por resolverse”, manifestó Randal Quirós, representante legal de los bananeros.
APM Terminals ofreció construir una isla de 1,5 kilómetros de longitud que hará las veces de un puerto, con una profundidad de hasta 16 metros. Con esas dimensiones se podrán atender buques con capacidad de hasta 5 mil o 6 mil contenedores de 20 pies.
La inversión en el nuevo muelle ronda los $1 mil millones y la tarifa por cada contenedor movilizado sería de $223.

Natasha Cambronero
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