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Compañía AMEGA cuenta con 12 meses para realizar estudios de factibilidad
Megapuerto de transbordo avanza

Proyecto tendría una inversión de $950 millones y saldría a licitación en 12 meses


La intención de dar en concesión la construcción de un megapuerto de transbordo de contenedores en Moín, Limón, avanza a todo vapor.
Ayer la empresa Americas Gateway Development Corporation (AMEGA) recibió el banderazo por parte del Gobierno para arrancar con los estudios que garanticen la factibilidad del proyecto y decidir si en un plazo de 12 meses se publica el cartel de licitación.
La firma, de capital canadiense, propuso en 2007 al Poder Ejecutivo realizar dichas obras, bajo la modalidad de una iniciativa privada de concesión de obra pública.
Es decir, que esta financia toda la etapa de diseño del proyecto y realiza los informes de factibilidad ambiental, financiera, impacto social y técnico, indispensables para poner en marcha la construcción del megapuerto.
Tras cumplir con los parámetros y exigencias nacionales, el Gobierno sacaría a licitación las obras. Si AMEGA no es el único oferente y pierde el concurso, la compañía que gane la concesión tiene que pagar los $14,9 millones que la canadiense prevé invertir en esa primera fase.
La idea de este proyecto es crear en la costa caribeña del país un eje de conexiones, donde lleguen grandes buques de todas partes del mundo, para posteriormente en barcos más pequeños enviar los contenedores a otros destinos.
Principalmente sería para movilizar mercaderías entre Asia y la costa este de Estados Unidos.
El megapuerto requiere una inversión de $950 millones, se ubicaría en un área de 45 hectáreas y tendría capacidad para movilizar dos millones de TEU contenedores de 20 pies, al año.
Además, los muelles tendrían una profundidad de 19 metros y una longitud de mil metros, que permitiría atender simultáneamente hasta tres “megacarriers” de 16 mil TEU, los más grandes del mundo.
Se estima que una vez adjudicado el proyecto, las obras estarían listas en tres años, pero entraría en operaciones parcialmente a finales del segundo año. La concesionaria tendría el derecho de administrar el megapuerto durante 30 años y posteriormente pasaría a manos del Estado.
De momento, los estudios de factibilidad serán supervisados por el Consejo Nacional de Concesiones, luego de que ayer los jerarcas de AMEGA y el Gobierno firmaran un fideicomiso con el Banco Nacional.
Esa entidad bancaria es la encargada de administrar el $1 millón, con el cual el Estado se dotará de recursos para contratar el personal necesario para corroborar la transparencia de esos trabajos.
Durante la firma del convenio estuvieron presentes, entre otros, Luis Liberman, vicepresidente de la República, como testigo de honor; Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, y Aubrey De Young, presidente de AMEGA.
Tras recibir el aval del entonces presidente Oscar Arias para arrancar este proyecto, no fue hasta mayo pasado que quedó en firme y hasta ayer se le dio el banderazo de salida.
AMEGA es una subsidiaria de AMEGA Holdings Inc, compañía de capital canadiense, británico y estadounidense.

Natasha Cambronero
[email protected]
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