Tributación pone en marcha un plan para embargar cuentas bancarias de contribuyentes que incumplen el pago de impuestos

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Medidas contra los morosos

Con las herramientas existentes en la actualidad, sin tener que esperar a la puesta en marcha de una reforma tributaria, es posible mejorar las finanzas de Costa Rica de modo importante.
Este medio viene hablando desde hace más de dos años, como lo decíamos ayer, de la urgencia de bajar el gasto público y convertir en eficiente al Estado, lo cual incluye, entre otras cosas, corregir y transparentar muchos de sus procesos operativos. Pero hay también otras diversas medidas que pueden sumarse a esto.
Ayer una nota de nuestro suplemento Inversionista informa que la Dirección General de Tributación pone en marcha un plan piloto para embargar las cuentas bancarias de los contribuyentes morosos, desde la gestión de cobro administrativo, antes de llegar al cobro judicial.
Esta, así como otras medidas que ha venido implementando el Ministerio de Hacienda, muestra que no es necesario esperar a que ocurra una reforma a nivel de la Asamblea Legislativa, para que opere con mayor eficiencia y creatividad la Dirección encargada del cobro de los impuestos.
A la par de esas medidas, si se crearan los mecanismos para evitar la elusión y se revisara la desmedida cantidad de exoneraciones, Costa Rica comenzaría a caminar por un sendero más firme y seguro en materia financiera.
Es un conjunto de acciones lo que puede volver a nivel adecuado las finanzas públicas. Algo que, evidentemente, no se ha hecho por ausencia de voluntad política, lo cual llevó primero a acabar con las reservas y luego optar por el endeudamiento incluso para pagar gasto ordinario. Todo esto sin tomar medidas para un buen cobro.
Ahora hay ciertas medidas de control en el Ministerio de Hacienda, con lo cual ya hubo algún buen resultado. Al menos se recuperaron casi ¢20 mil millones entre enero y agosto.
Este proceso debe continuar, pero debería hacerse paralelamente a otro que reduzca el gasto fiscal, especialmente en salarios que son insostenibles, y en una operación eficiente y transparente de las finanzas de todo el sector público que está urgido de buena dirección y administración.