Atraso limita innovación e incorporación de nuevos fármacos

Medicina cavernícola

Pacientes no pueden acceder a tratamientos, que son legales en el mundo desarrollado

Crear nuevas leyes en la toma de decisiones científicas es la única solución para que los pacientes tengan acceso a tratamientos clínicos novedosos y medicinas de última generación.

Mientras que países como Estados Unidos, Argentina y México evolucionan con nuevos tratamientos e investigaciones médicas, Costa Rica los prohíbe.
Esto genera menos estudios clínicos, pérdida de inversión internacional, caída de turismo médico y fuga de pacientes a otros países.
Mientras el mundo avanza a pasos rápidos en materia de medicina, Costa Rica sigue dando pasos, pero hacia atrás.
La falta de reglas es lo que impide la evolución, ya que desde 2007 la Asamblea Legislativa está en deuda con los proyectos relacionados a ciencia e investigación.
La terapia de células madre y la fecundación in vitro son algunos casos en los que el país dio un paso atrás.
Otro tiene que ver con la llamada bioequivalencia, que permite que los pacientes dispuestos a hacerlo, tengan acceso a los fármacos aprobados en otros países.
Para solventar el problema, es necesaria la apertura de las autoridades para comprobar la evidencia científica de estos tratamientos antes de prohibirlos; sin embargo, los diputados no han estado dispuestos a lidiar con estos temas.
Los criterios que utilizan recaen sobre advertencias internacionales de algunos países que siguen aplicándolos, o por cuestiones más morales que científicas, como es el caso de in vitro.
No obstante, estos argumentos carecen de sustento científico de acuerdo con las prácticas que se aplican en los países de mayores avances en ciencias médicas.
De momento, cualquier paciente que quiera acceder a un tratamiento innovador, lo que encontrará serán problemas.
Si bien el país cuenta con personal médico de primer mundo y con excelentes centros hospitalarios, las prohibiciones de las autoridades de salud dejan a la industria en desventaja ante otros países.
Una persona que necesite un órgano y no encuentre donador tiene la alternativa de un tratamiento de células madre, y así usar las suyas propias para evitar el rechazo al órgano nuevo.
Pero para eso tendría que ir a Colombia, opción más cercana.
Igual sucede con fecundación in vitro (aún a la espera de la ley), así como investigaciones biomédicas y estudios de equivalencia, para autorizar el ingreso de nuevos medicamentos.
Peor aún, en los últimos tres años, se han trasladado a Panamá varios centros médicos, eso a raíz del hecho de que han quedado prohibidas desde 2010 las investigaciones de varios medicamentos, como pastillas, vacunas y otros tratamientos, aun cuando se tratara de las personas, que daban su consentimiento propio.
Anteriormente, en 2009, la controversia tocó a la terapia de medicina celular.
La aparente falta de estudios sobre su efectividad fue lo que sirvió al Ministerio de Salud para prohibir la práctica.
Eso a pesar de que hasta ese año, el Instituto de Medicina Celular había tratado a 500 pacientes con enfermedades neurológicas —como parálisis cerebral y víctimas de accidentes que necesitaban regenerar tejidos—, sin denuncias de mala praxis o contraindicaciones.
Como consecuencia, los centros que la realizaban se trasladaron a Panamá donde sí es permitido y los pacientes quedaron con el tratamiento inconcluso, algunos viajan para tratarse con la misma terapia prohibida aquí.
Todos estos problemas dieron inicio en 2007, cuando la Sala Constitucional empezó a detener procedimientos y exigir a los diputados nuevas reglas para las terapias médicas.

Angie Calvo
acalvo@larepublica.net