¡Medias verdades, grandes mentiras!

Sinceramente

¡Medias verdades, grandes mentiras!

El caso del “cementazo” debe ser plenamente esclarecido. Los responsables deben ser sometidos a la Justicia y si son condenados deben ser sometidos al castigo de ley. Cero tolerancia para la corrupción. Cero tolerancia para el tráfico de influencias. El país debe saber quiénes son, qué hicieron, cuántas personas se conspiraron y qué provecho tuvo este negociado para cada una de ellas. Cero impunidad, cero tolerancia.

Se ha generado una gran agitación social en torno al negociado del cementazo. Muchas autoridades bancarias, y del Poder Ejecutivo así como del Poder Legislativo y recientemente del Poder Judicial presuntamente están involucradas. Hay que establecer con claridad su responsabilidad en todo esto. El debido proceso y no el linchamiento es la ruta. Quienes ostentan responsabilidades directas en la aprobación del inmenso crédito en los bancos del Estado, quienes generaron cambios en reglamentos y condiciones para la importación del cemento niegan todo mal proceder.

Ahora unos y otros grupos políticos con presunto propósito electoral buscan cómo “embarrar” al mayor número de políticos adversarios. Personas inocentes están siendo arrastradas por las medias verdades que resultan ser grandes mentiras destructivas. Persiguen hacer daño, no buscan justicia.

Han comenzado a aparecer figuras políticas de diversos partidos, colores e ideologías aparentemente involucradas en relaciones lícitas con el cuestionado empresario cementero. ¿Acaso vivió este empresario sus pasados diez años en una burbuja? ¡Fulano le prestó un caballo! ¡Zutano se reunió con él en 2013! ¡Perencejo fue visto en 2008 tomando tragos con él!

Pareciera que quienes pudieran tener responsabilidades objetivas en este negociado desean colocar al mayor número de personas de partidos y colores políticos dentro del círculo de los cuestionados para que la responsabilidad sea cada vez más diluida entre el mayor número de cabezas.

Hay que enfocar en las responsabilidades no en si son señalados por haber recibido en préstamo un caballo, por haber recibido en audiencia al empresario, por haber sido compañeros de su esposa en alguna diligencia, o por haber sido clientes suyos en algún trabajo lícito de construcción o arriendo de maquinaria. El objetivo claro y final es linchar a estos últimos. No se busca justicia, se busca dañar, se persigue linchar y destruir.

¡Más seriedad! Hay que dejar a las autoridades determinar culpables, someterlos a juicio y castigarlos si los sentencian. Existe el interés político claro de quienes desean destruir el sistema, de dar la impresión de que todos los poderes del Estado están podridos y todos los partidos políticos están corruptos, y claro, lanzar al pueblo a destruirlo todo y dar un salto a lo desconocido. Generalizar y acusar a todos, hasta a los inocentes, no es más que una estrategia para acabar con la justicia y el estado de derecho. Requerimos la intervención de las autoridades con seriedad, con firmeza y con oportunidad. Para los improvisados verdugos, les recuerdo que rige el principio de la presunción de inocencia, un derecho humano sancionado constitucionalmente.

La inacción de las autoridades en desarrollar procesos administrativos a quienes participaron aparentemente en el negociado ha hecho que las sospechas se exacerben. La ausencia del Ministerio Público en la investigación de los presuntos actos ilícitos ha generado un desborde de pasiones y de cuestionamientos. Una vez más los medios y los partidos políticos han echado mano de los linchamientos para causar daño irreparable a quienes exhiben como relaciones del empresario cementero aunque sean lícitas. El país ha vuelto a pecar contra la justicia y la moderación.

El país está harto de linchamientos y asesinatos de personalidades. El país está harto de que se juzgue en medios lo que no podrá ser condenado en los tribunales de tal manera que aunque la persona siga siendo inocente, su vida y prestigio queden despedazados. Hay que determinar cuáles son los culpables, juzgarlos en debido proceso y castigarlos si son condenados de manera inapelable.

No despedacemos a Costa Rica. No destruyamos la institucionalidad que tanto ha costado construir. No acabemos con las posibilidades de libertad, justicia, equidad y democracia efectiva para las generaciones del porvenir. Persigamos justicia y equidad, pero nunca violencia, destrucción y linchamiento. Encontremos a los culpables, juzguémoslos y si son condenados sometámoslos a los castigos de ley.

ebruce@larepublica.net