Mayoría de partidos quiere soltarle “amarras” al ICE para que construya
Obras de infraestructura como carreteras, puentes y túneles podrían ser construidos por el ICE, "al costo" y sin necesidad de licitación pública. Archivo/La República
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Dentro de poco las obras públicas como carreteras, puentes y túneles podrían ser construidas por el ICE y no por empresas privadas.
Liberación Nacional, el PUSC, el PAC y el Frente Amplio están de acuerdo con un proyecto de ley, que soltaría las amarras legales que hoy tiene el ICE, para que pueda asumir un rol constructor a través de alianzas públicas “al costo” y sin participar en procesos de licitación.
La propuesta solo cuenta con la oposición del Movimiento Libertario, quien ve una competencia desleal para las empresas y hasta un costo más elevado para el país.
El proyecto está listo para ser votado en primer debate y hasta cuenta con el respaldo del presidente Luis Guillermo Solís, quien pidió su aprobación durante el discurso del 2 de mayo.
Quienes respaldan la reforma, destacan la experiencia del ICE a la hora de construir grandes proyectos de infraestructura como la represa hidroeléctrica de Reventazón, así como las ventajas económicas para el Estado, al no tener que pagar a una empresa una ganancia, como sucede actualmente con la concesionaria de la vía a Caldera, la cual aún tiene dos décadas de explotación y ya habría recuperado la mitad de lo invertido en seis años.
“Que el ICE tenga la capacidad, la experiencia y los recursos para participar en la solución de los problemas de infraestructura que tiene nuestro país, y no poderlo utilizar por un obstáculo legal, exige de nosotros, como diputados, una actitud proactiva que supere las limitaciones y le permita a la nación construir las carreteras, los túneles y los puentes que nos acerquen de nuevo a las mejores oportunidades de desarrollo”, dijo Michael Arce, diputado de Liberación.
El debate sobre el rol constructor del ICE tomó fuerza esta semana en Cuesta de Moras, tras darse a conocer la suspensión de los trabajos en la nueva vía a San Carlos, debido a que la Contraloría cuestionó la legalidad de que el Instituto supervisara la obra.
Mientras tanto, entre los organismos técnicos existe inquietud por los planes de los legisladores, ya que temen una competencia desigual.
El hecho de que el ICE sea una institución pública amenazada por competir en el mercado de telecomunicaciones y urgida de recursos frescos para evitar recortes de personal, podría poner en desventaja a las empresas privadas que pujan por licitaciones públicas, ya que el Estado preferiría hacer alianzas públicas, antes de enfrentar movimientos sociales que desestabilicen el país.
Por otra parte, la entrada de un nuevo jugador en el mercado constructor, reduciría los contratos de desarrollo disponibles, por lo que empresas como Meco, Sánchez Carvajal y H Solís, entre otras, tendrían que concentrarse aún más en construir obras en el extranjero para mantenerse a flote.
“Podría darse el caso de que las licitaciones se otorguen a dedo, lo cual sería lesivo y desleal para las empresas, que tendrían que ampliar sus operaciones en otros países para mantenerse a flote”, dijo Jorge Arturo González, presidente de la Cámara de la Construcción.

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