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Viernes 12 Noviembre, 2010

Más que agujas, seguridad para los barrios

El pasado 21 de octubre de este año, la Asamblea Legislativa resolvió un grave problema para todas las comunidades del país, ya que aprobó, en segundo debate, el proyecto de ley para regular mecanismos de vigilancia en el acceso a los barrios y residenciales.
La ley es algo más que autorizar las llamadas “agujas”: es una ley con todo un cuerpo normativo que define parámetros para que las comunidades se organicen e instalen casetas y mecanismos de vigilancia, entre los cuales, las agujas solo corresponden con uno de ellos; faculta a las municipalidades a otorgar el permiso respectivo, así como a tutelar y resguardar el derecho a la libertad de tránsito, y ejecutar sanciones por incumplimiento de la normativa, y define parámetros para que las empresas de seguridad privada, contratadas por los barrios, administren adecuadamente los indicados mecanismos.
Pasaron más de seis años de vía crucis legislativo, para que los miles de ciudadanos en sus comunidades, que están a expensas del hampa, accedieran a una ley que los respaldara. El proyecto, que presentó nuestra fracción política en julio de 2004 y que apoyó la Red de Barrios Pro Seguridad Solidaria de manera permanente, pasó por todas las etapas procesales en el parlamento, salacuartazo incluido, para lograr su aprobación definitiva. Ahora, las comunidades cuentan con una herramienta para que el Estado garantice su derecho a protegerse de la delincuencia en los barrios y residenciales.
Y es que la gente decente está en manos de los delincuentes: el robo es la figura delictiva de mayor crecimiento y los delitos contra la propiedad muestran el mayor incremento, en términos absolutos. En todo el país, para 2008, de cada 100 hogares en Costa Rica, 32 fueron victimizados por el hampa, lo que explica que un estudio del IDESPO, de la UNA, señale que para 2008, el 85,6% de los costarricenses, estaba de acuerdo en las agujas en barrios y residenciales.
Con esta ley, garantizamos el derecho a la seguridad en los barrios y comunidades, sin perturbar el derecho fundamental a la libertad de tránsito. Ello es vital, porque las casetas y mecanismos de seguridad, incluidas las agujas, constituyen un recurso para los barrios de todos los estratos sociales en todo el país, no solo de los más aventajados y, hasta hoy, esas herramientas de seguridad de las comunidades organizadas, habían operado al margen de la ley. Solo resta esperar que el Gobierno de República sancione la norma cuanto antes, para que las municipalidades del país la reglamenten y les den a las familias y comunidades la posibilidad de tener sus casetas y agujas al amparo de un Estado que debe tutelar su sagrado derecho a la seguridad.

Carlos Avendaño
Diputado, jefe de fracción, Restauración Nacional