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Más desigualdad en cumplimiento de derechos

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Las limitaciones a la generación y acceso a las oportunidades, la ineficiencia en la prestación de servicios públicos, denuncias por actos de corrupción en gestión pública, ausencia de prácticas de buen gobierno, son parte de las razones por la que los costarricenses sienten que hay más desigualdad en el cumplimiento de sus derechos.

Así, la Defensoría de los Habitantes afirmó ayer que en nuestro país se vive una creciente desigualdad en el cumplimiento de los derechos donde la discriminación en todas sus formas afecta a personas, grupos y colectivos específicos que no logran avanzar en el disfrute pleno de los derechos que le son propios.

Asimismo, considera que las denuncias recibidas en la institución refleja importantes debilidades estructurales en el funcionamiento del Estado, lo que trae consigo una creciente violación de los derechos humanos.

“A la persona debe respetarse indistintamente de su condición y cualquier acción que atente contra su dignidad violenta sus derechos como habitante. Debemos darle paso a la inclusión, a la no discriminación y a la satisfacción de las necesidades e intereses de las personas”, indica Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes.

Las quejas, reclamos o denuncias que se presentan ante la Defensoría reflejan la insatisfacción diaria las personas con respecto al funcionamiento del sector público.

Durante los últimos 12 años se han recibido en la institución 251.088 solicitudes de intervención de diversa índole; entre 2010 y abril del presente año se registraron 75.231 solicitudes de intervención. Inclusive se proyecta que el 2013 alcance una suma superior a las 30.000 entre denuncias, consultas o quejas.

Las personas que más denuncias presentaron ante la Defensoría de los Habitantes en el 2012 van en edades entre los 35 y 54 años; siendo que en un 60% son mujeres y un 40% hombres.

Entre los principales derechos vulnerados se encuentran aquellos asociado al problema de falta de eficiencia en la prestación de los servicios públicos por negativa injustificada en trámites administrativos, ausencia de respuesta o tardanza cada vez más prolongada en solicitudes concretas en entidades públicas y denegación, deficiencia o mal trato en la prestación del servicio de salud, así como lentitud en el trámite y en la resolución de pensiones del Régimen No Contributivo, y casos de hostigamiento sexual que siguen las denuncias en crecimiento en entes públicos.

Fabio Parreaguirre
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