Más armas sin control, mayor sufrimiento
| Lunes 10 septiembre, 2012
Más armas sin control, mayor sufrimiento
La proliferación de armamento ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza internacional. Para América Latina se trata de una “pandemia”.
Este fenómeno tiene dos dimensiones interrelacionadas: las transferencias legítimas y el tráfico ilícito. La insuficiente regulación de su comercio contribuye a la violencia, pero también facilita el desvío al mercado ilícito.
La región más violenta del mundo. En América Latina vienen repuntando las transferencias de armas convencionales, y también un peligroso aumento del gasto militar. El costo de la insuficiente regulación se puede medir por las pérdidas económicas a causa de los homicidios, que a nivel mundial son de entre $95 mil millones y $163 mil millones por año.
Es válido esperar que una adecuada aplicación de un Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) pueda reducir el costo humano de la proliferación de los dispositivos convencionales, al forzar a proveedores inescrupulosos a someterse a normas comunes.
La iniciativa nació en 1997, como un “Código de Conducta” para regular el comercio internacional de armas, impulsada por el Dr. Oscar Arias Sánchez y otros premios Nobel de la Paz. Y fue por Costa Rica, durante el segundo gobierno del Dr. Arias, cuando se introdujo a Naciones Unidas (ONU) en 2006 la discusión de un TCA con el apoyo de otros seis países. Esta propuesta se debatió durante julio pasado en la sede de la ONU, sin alcanzar el acuerdo esperado.
El rol de la sociedad civil en el control del comercio internacional. Durante los últimos 15 años, desde el lanzamiento del “Código de Conducta”, el apoyo internacional cada vez mayor al TCA se debe en gran medida a los esfuerzos de organizaciones de sociedad civil en el mundo, incluyendo la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, en colaboración con redes internacionales.
La Fundación Arias ha venido trabajando incansablemente con el fin de mitigar la violencia armada y cerrar las brechas que persisten en las normas existentes, que con excesiva frecuencia permiten que las armas se usen para violar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Como su director ejecutivo me correspondió representar a Costa Rica en un Grupo Gubernamental de Expertos (GGE) de 28 países, designado por el Secretario General de ONU que durante 2008 examinó la posible viabilidad del TCA. Las recomendaciones de este GGE impulsaron a la Asamblea General de la ONU a convocar a las sesiones preparatorias de la Conferencia Diplomática de julio de 2012, durante la cual asistimos técnicamente a la Misión Permanente de Costa Rica ante la ONU en la negociación.
El alcance del TCA. Para ser eficaz, el TCA debe abordar todas las categorías de armamento convencional, así como sus municiones, componentes y tecnología. Además, debe regular todas las transferencias internacionales. Debe estimular el intercambio de información entre los Estados Parte del Tratado con el fin de fomentar la confianza y promover la transparencia, para reducir la corrupción.
Como lo ha venido sosteniendo la firme posición costarricense, es un imperativo moral mitigar los impactos de la violencia armada, fortaleciendo los controles sobre la proliferación excesiva de armamento. Aunque los siguientes pasos en la ONU son todavía inciertos, la iniciativa del TCA sigue gozando de muy buena salud.
Luis Alberto Cordero
La proliferación de armamento ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza internacional. Para América Latina se trata de una “pandemia”.
Este fenómeno tiene dos dimensiones interrelacionadas: las transferencias legítimas y el tráfico ilícito. La insuficiente regulación de su comercio contribuye a la violencia, pero también facilita el desvío al mercado ilícito.
La región más violenta del mundo. En América Latina vienen repuntando las transferencias de armas convencionales, y también un peligroso aumento del gasto militar. El costo de la insuficiente regulación se puede medir por las pérdidas económicas a causa de los homicidios, que a nivel mundial son de entre $95 mil millones y $163 mil millones por año.
Es válido esperar que una adecuada aplicación de un Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) pueda reducir el costo humano de la proliferación de los dispositivos convencionales, al forzar a proveedores inescrupulosos a someterse a normas comunes.
La iniciativa nació en 1997, como un “Código de Conducta” para regular el comercio internacional de armas, impulsada por el Dr. Oscar Arias Sánchez y otros premios Nobel de la Paz. Y fue por Costa Rica, durante el segundo gobierno del Dr. Arias, cuando se introdujo a Naciones Unidas (ONU) en 2006 la discusión de un TCA con el apoyo de otros seis países. Esta propuesta se debatió durante julio pasado en la sede de la ONU, sin alcanzar el acuerdo esperado.
El rol de la sociedad civil en el control del comercio internacional. Durante los últimos 15 años, desde el lanzamiento del “Código de Conducta”, el apoyo internacional cada vez mayor al TCA se debe en gran medida a los esfuerzos de organizaciones de sociedad civil en el mundo, incluyendo la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, en colaboración con redes internacionales.
La Fundación Arias ha venido trabajando incansablemente con el fin de mitigar la violencia armada y cerrar las brechas que persisten en las normas existentes, que con excesiva frecuencia permiten que las armas se usen para violar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Como su director ejecutivo me correspondió representar a Costa Rica en un Grupo Gubernamental de Expertos (GGE) de 28 países, designado por el Secretario General de ONU que durante 2008 examinó la posible viabilidad del TCA. Las recomendaciones de este GGE impulsaron a la Asamblea General de la ONU a convocar a las sesiones preparatorias de la Conferencia Diplomática de julio de 2012, durante la cual asistimos técnicamente a la Misión Permanente de Costa Rica ante la ONU en la negociación.
El alcance del TCA. Para ser eficaz, el TCA debe abordar todas las categorías de armamento convencional, así como sus municiones, componentes y tecnología. Además, debe regular todas las transferencias internacionales. Debe estimular el intercambio de información entre los Estados Parte del Tratado con el fin de fomentar la confianza y promover la transparencia, para reducir la corrupción.
Como lo ha venido sosteniendo la firme posición costarricense, es un imperativo moral mitigar los impactos de la violencia armada, fortaleciendo los controles sobre la proliferación excesiva de armamento. Aunque los siguientes pasos en la ONU son todavía inciertos, la iniciativa del TCA sigue gozando de muy buena salud.
Luis Alberto Cordero