¿Manejar el Estado como una empresa privada?

¿Manejar el Estado como una empresa privada?

Hay quienes recomiendan que el Estado debiera ser manejado como una empresa privada.
La idea es interesante si se parte de la premisa de que el sector privado debería funcionar de forma más eficiente que el público.
Para efectos del ejercicio, la estructura del Estado se podría comparar con la de una empresa privada. Los electores seríamos los accionistas; la junta directiva, Presidente y Vicepresidentes; y los ministros serían los gerentes de área, cada uno con sus colaboradores.
El objetivo de la empresa no sería la de generar dividendos económicos, sino mejorar la calidad de vida colectiva de los accionistas, por medio de mejores condiciones de salud, educación, seguridad, empleo e infraestructura.
Pero en mi criterio, desde un inicio habría varios sinsentidos que encontraríamos en el manejo de nuestra empresa. Sin perjuicio de analizar otros en el futuro, me concentraré en los problemas con el manejo del capital humano.
En primer lugar, falta una compensación adecuada para la junta directiva y gerentes. En este momento, por razones politiqueras y populistas, la compensación que reciben, en la gran mayoría de los casos, no está relacionada con su idoneidad, experiencia, ni con las condiciones de mercado. Si bien es cierto que se ha logrado atraer personas talentosas, capaces y honestas, también lo es que sin ofrecer condiciones económicas atractivas, es difícil en muchos casos contar con los mejores. No queremos que nuestros gerentes consideren su trabajo como un favor para nuestra empresa.
En segundo lugar, indemnidad. Si por algún motivo los gerentes son demandados en ocasión de su puesto, tienen que ser defendidos por la propia empresa (en este ejercicio, por la Procuraduría General de la República). Desde luego, si fuesen encontrados culpables tendrían que reintegrar a la empresa el costo de su defensa. No es aceptable que los gerentes hagan frente a los gastos de su defensa con su propio patrimonio, cuanto estaban tratando de generar dividendos para los accionistas. Así funciona en la empresa privada.
Eso sí, una mejor paga y protección devenga en mayor exigencia de resultados. La tolerancia para la mediocridad e insensatez se reduciría a cero.
Una de las grandes limitaciones en el sector público es el llamado Estatuto de Servicio Civil. Fue creado con rango constitucional para regular las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el fin de garantizar la eficiencia de la administración. Se trató de una excelente idea en 1949, que consolidó una fuerte clase media y una tecnocracia muy bien preparada y seria, lo que le hizo mucho bien al país.
Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿ha logrado el Servicio Civil esa ansiada eficiencia o más bien ha creado un leviatán, una clase de funcionario prácticamente inamovible?
¿Será mejor el rendimiento laboral de un empleado que tiene asegurado su puesto o el de uno que debe rendir bien para poder mantenerlo? La respuesta es obvia.
El fin principal del Servicio Civil es la eficiencia, no la inamovilidad. Un buen número de funcionarios, sobre todo aquellos que tienen su puesto asegurado, han olvidado que se deben a quienes pagamos su salario. Sus obligaciones incluyen tomar decisiones inteligentes y prontas; no evitarlas, retrasarlas o delegarlas.
En el emblema de la Dirección de Servicio Civil aparece la frase en latín “Palmam qui meruit ferat”, que se traduce al castellano como “la palma para quien haga méritos”.
¿Qué pasa con quien no los hace? ¿Qué pasa con quien no ayuda a garantizar la eficiencia de la administración pública? Incentivemos, pero exijamos. Tenemos todo el derecho.

David Gutiérrez
david@gutierrezcr.com