Magistral pifia

De cal y de arena

Magistral pifia

Alvaro Madrigal

La negativa de 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia a abrir una investigación sobre las cuestionadas actuaciones del magistrado suplente, Lic. Sosto López, quedará grabada en la historia del Poder Judicial como uno de los acuerdos más absurdos y dañosos para la institución. En el entorno en que se produjo, cuando la sociedad es invadida por la desconfianza, la sospecha y el pesimismo respecto a las actuaciones de los Supremos Poderes, de los partidos políticos y de los grupos de presión, esa negativa acelera más la corrosión que padece el régimen político. La Corte Plena debió ordenar la investigación si en el ánimo de sus integrantes está la determinación de preservarla de la maledicencia. Aún más si confían en que Sosto no ha incumplido con ninguno de los deberes propios de su cargo (quien nada debe nada teme). Pero archivar la queja, es dejar en pie la percepción de que hay en medio algo que debe taparse. Precisamente ahí en el Poder Judicial, el mismo donde se anidaron años ha escandalosas muestras del tráfico de influencias capaces de liberar de la cárcel y de ablandar condenas a unos cuantos privilegiados; el mismo Poder donde se produjo la usurpación de funciones propias de la Asamblea Legislativa para materializar la reforma constitucional que le abrió las puertas a la candidatura presidencial de don Oscar Arias; el mismo órgano del Estado de cuyas Salas constitutivas una se percibe expuesta a un alto grado de influencia de los partidos políticos, según encuesta realizada meses atrás por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. ¿No se percatan sus miembros de que ellos también están obligados a achicar el bote inundado de aguas negras?

El juez Luis Paulino Mora Mora, más conocido en este mundo como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, justifica el carpetazo dado a la petición de investigar las actuaciones de Sosto, al que se sumó, con el argumento de que él no es un juez ético sino de legalidad. Pero hace unos años —en el Foro Corrupción e Impunidad, 18/3/97)— se quejó de que al problema de la corrupción se le diera un tratamiento básicamente normativo y sermoneó que “la corrupción no es sólo un problema de la moral de las personas sino también un problema de estructuras, de sistemas organizativos que producen o facilitan los procesos de corrupción”. ¿Cómo ir a la raíz de la corrupción que mina y abate esta democracia y sus instituciones, si el juez se aferra a la rigidez de la ley y repudia ver los indicios justificativos de una investigación? La corrupción no siempre desafía la ley porque suele adoptar formas que no la violentan o que resultan de difícil comprobación. Pero tiene “la virtud” de apestar. El corrupto, aunque no esté condenado por un juez, apesta. Fácil se le identifica. Y sus actuaciones hay que observarlas con la ley y con el prisma de la ética y de la ética. Estamos ante un grave problema anidado en estructuras y sistemas organizativos idóneos para producirlo o facilitarlo —como lo apuntó don Luis Paulino—. Debe llegársele con la ley pero a partir de la ética. Por ahí se abre paso a la investigación que precede el veredicto de legalidad o ilegalidad de la conducta cuestionada, según corresponda.