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Eliminación de permisos de construcción por parte de la Sala Constitucional presiona economía de 100 familias de la zona
Luz roja frena Playa Grande
Propietarios de tierras y bancos con preocupación creciente por deudas acumuladas en créditos para proyectos

El terreno que compró Luis Medaglia en 1969 en Playa Grande como patrimonio para retirarse, se convirtió 40 años después en el centro de una disputa legal que lo mantiene en la incertidumbre de si podrá o no conservar sus derechos como dueño de la tierra que una vez adquirió.
El lote de Medaglia se encuentra ubicado en los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas creado en 1995.
En la década posterior a la fundación del parque, él y otros propietarios lograron desarrollar sus viviendas sin obstáculos. Pero cinco años después inició un calvario que lo ha llevado a los mismos tribunales a defender sus derechos.
El año pasado la Sala Constitucional ordenó la expropiación de los terrenos ubicados dentro del parque, esto pese a que el mismo Estado reconoció su incapacidad para hacer frente al pago.
A ello se sumó un recurso de amparo presentado por un grupo de conservacionistas el cual fue acogido en diciembre. Este busca la ampliación de las márgenes del parque con
lo cual se crearía una nueva zona de amortiguamiento de 500 metros a la redonda para protección del sitio de desove de la tortuga baula, especie en peligro de extinción.
El fallo de la Sala echó por la borda los permisos de construcción y viabilidades en los proyectos que se ubican en la franja de los 75 metros del parque para determinar los efectos de estos desarrollos en el ambiente y subsistencia de la tortuga.
“Estamos dispuestos a llevar a cabo retiros y que nos regulen, nosotros no so
mos responsables de la merma en la llegada de las baulas, estas son víctimas de los camaroneros y de los barcos pesqueros que las atrapan en sus redes”, indicó Medaglia, quien recordó que para los años 60 llegaban a Playa Grande unas 20 mil tortugas en una sola temporada, mientras que en la última camada solo llegaron 27.
Dicha acción trajo como consecuencia la paralización de unos 40 proyectos entre hoteles y viviend
as, algunos de ellos ya construidos o en proceso y ubicados en el área que pretende convertirse en zona de amortiguamiento.
Los dueños de propiedades y empresas desarrolladoras también se han visto perjudicados con la sentencia ya que no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras con los bancos que les concedieron los recursos que utilizarían para las construcciones.
Por ejemplo, un banco cuyo nombre fue reservado financió dos proyectos de la zona uno con una inversión de $13 millones y otro compuesto por 12 viviendas con un valor de $6 millones. Otra institución bancaria también posee 27 casos de créditos cuyas garantías son afectadas, la cual corre el riesgo de pérdida, según una misiva enviada por Guillermo Quesada, presidente de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras.
El impacto social también se ha hecho sentir ya que las obras en Playa Grande y Tamarindo representaban una fuente de trabajo para más de 100 familias residentes de comunidades como Matapalo, El Llano, Portegolpe, Huacas y Garita.
Las repercusiones en la economía de dichos pueblos fueron también objeto de denuncia por la Cámara de Turismo de Guanacaste.
“Los magistrados de la Sala IV toman livianamente todas estas decisiones no solo irrespetando los derechos de los dueños de terrenos y afectando las fuentes de empleo”, comentó Mauricio Céspedes, director ejecutivo de dicha agrupación.



Karen Retana
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