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Terrenos del INVU serán utilizados en soluciones habitacionales para clase media
Lotes ociosos del Estado servirán para vivienda
Las tres primeras se desarrollarán este año, en Curridabat, Desamparados y Cartago

Una cantidad de lotes ociosos se habilitarán para responder a las necesidades de vivienda de la clase media con ingresos superiores a ¢250 mil por familia.
Se trata de un plan a desarrollarse en más de 90 lotes que son propiedad del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), cuyo financiamiento contará con varias fuentes.
El objetivo es brindar una solución integral con servicios de salud, educación y recreación para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La iniciativa se ejecutará en varias etapas. Las tres primeras se desarrollarán este año, en las localidades de Hacienda Vieja en Curridabat, en Finca Vargas en Desamparados y en Los Diques de Cartago.
Para etapas posteriores se cuenta con terrenos ubicados en Limón, Alajuela y Puntarenas.
El primero en iniciarse es un condominio vertical en Hacienda Vieja, que se levantará en un terreno de 10 mil metros cuadrados, por un valor de ¢6 mil millones.
Las familias tendrán opción de escoger soluciones con dos o tres dormitorios y con un área de parqueo para uno o dos vehículos.
Cada solución tendrá un costo que oscilará entre ¢20 millones y ¢60 millones con tasas de interés más bajas que las de mercado.
Para el primero de ellos se cuenta con los primeros estudios de planeamiento y factibilidad para su ejecución.
El segundo se ejecutaría en Cartago para continuar el de Finca Vargas. Para ofrecer vivienda con servicios adicionales, se coordinan acciones con otras instituciones, como los ministerios de Educación y de Salud, comentó Carlos Herrera, miembro de la junta directiva del INVU.
La iniciativa es bien vista por el sector de la construcción no solo por constituir una solución de vivienda a la clase media, sino porque será un generador de empleo.
“Los recientes anuncios hechos por el Banco Nacional y el INVU de facilitar más crédito solo podrán aprovecharse en todo su potencial si se elimina la tramitomanía, dijo Ricardo Castro, presidente de la Cámara de la Construcción.
A fin de no atrasar el plan, la entidad solicitó a la Contraloría General de la República autorizar un proceso abreviado, a fin de aligerar los trámites.
Inicialmente se cuenta con recursos propios de la institución, provenientes de distintas unidades, como es la de Ahorro y Préstamos, que cuenta con ¢40 mil millones que tiene para colocar en el sistema financiero, pero que podrían utilizarse en el proyecto.
La institución abrió dos líneas para los hogares de clase media en condiciones más blandas que las prevalecientes en el mercado. Una para familias con ingresos netos superiores a ¢1 millón y otra para las que perciban ingresos superiores a ¢250 mil.
Para esta última se concede 25 años plazo para su cancelación con una tasa del 10% fija en los dos primeros años.

Gabriela Masís
[email protected]


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