Los enemigos de la soberanía

No quiero decir que el país se deba cerrar a la inversión extranjera ni a la apertura de los mercados. Pero el mercado tiene límites morales y legales e, incluso, económicos

Los enemigos de la soberanía

La Constitución estipula como responsabilidad indelegable del Estado la salvaguarda de la soberanía nacional. Sin soberanía ningún pueblo es libre ni un Estado es su legítimo representante. Por eso la opinión pública debe estar siempre atenta, a fin de repeler cualquier intento de cercenar nuestra soberanía cualquiera sea el pretexto que se aduzca.

Los pueblos gozan de plena potestad —y así lo reconoce el derecho internacional— de defender por cualquier medio, incluida la guerra, toda violación a la soberanía que provenga de fuera.

Pero esto es igualmente válido cuando, sea por negligencia en el cumplimiento de los mandatos constitucionales, sea por priorizar intereses privados o sucumbir a mezquindades partidarias, son los propios gobernantes, en asocio con grupos económicamente poderosos o medios influyentes, los que impunemente socavan la soberanía.

En un artículo anterior hablé de los peligros que corre nuestra soberanía en regiones cercanas a la frontera Norte. En el presente me ocupo de la manera cómo se cercena la soberanía cuando se entregan nuestras riquezas naturales o humanas, o el usufructo del trabajo, a gobiernos o empresas foráneas.

Tal fue el caso del Tratado de libre comercio con Estados Unidos, donde renunciamos al derecho de dirimir en nuestros tribunales las querellas que puedan surgir en torno a la aplicación de las medidas allí contempladas, mientras que la contraparte puede negarse a comerciar cuando así le plazca.

El convenio que ahora el gobierno promueve con una empresa china para ampliar la carretera a Limón, lo mismo que el contrato para entregarle el muelle de Moín a una trasnacional holandesa, poseen igualmente normas que violan nuestra soberanía.

La raíz de estas aberraciones jurídicas se encuentra en la ideología neoliberal que considera al Estado como un mal en sí. Para ello se apoyan en alegatos pseudolegales de sicarios jurídicos que, como nuevos filibusteros, entregan a pedazos y recibiendo pingües emolumentos, nuestra soberanía al capital trasnacional.

Con ello no quiero decir que el país se deba cerrar a la inversión extranjera ni a la apertura de los mercados. Pero el mercado, como incluso lo enseña la doctrina social de la Iglesia y el Papa Francisco no se cansa de repetir, tiene límites morales y legales e, incluso, económicos.

En concreto, el ordenamiento jurídico del país no está en venta, no es una mercancía.

En el ejercicio de sus derechos democráticos nuestro pueblo debe exigir a los candidatos de la presente campaña el compromiso de cumplir a cabalidad esas normas éticas y legales.

Los partidos deben hacer públicas con toda transparencia las fuentes de financiamiento. Para algunos, el ejercicio del poder se ha convertido no en un culto a la voluntad soberana del pueblo, sino en un cálculo mercantil.

El próximo 2 de febrero el pueblo soberano debe cerrarles las puertas y hacer que solo hombres y mujeres de la estirpe de Juanito Mora vayan a Zapote y Cuesta de Moras, y nombren a ciudadanos de esas cualidades en La Corte de Justicia y en el Tribunal Supremo de Elecciones.

Arnoldo Mora