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Los procesos de concesión de obra pública siguen constituyendo una pesadilla que la ciudadanía ya no soporta y cuyos retrasos le significan pagar costos más caros

Los aumentos que no debieron ser

Se estudia en estos momentos una posible alza en el peaje de una carretera cuya ampliación aún no ha comenzado, a pesar de que debió iniciarse hace cinco años: la ruta a San Ramón.
Una evidencia más del estancamiento del país en esta materia.
Los procesos de concesión de obra pública siguen constituyendo una pesadilla que la ciudadanía ya no soporta y luego incluso paga caro, más de lo debido, por los retrasos que significan incremento de los costos.
Una concesión otorgada hace cinco años por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para que se haga la ampliación necesaria a lo largo de la vía a San Ramón, la principal y más transitada de Centroamérica, estuvo totalmente estancada durante la presente administración.
El actual ministro del ramo no es responsable de esto, desde luego, puesto que acaba casi de asumir el cargo ante la salida de la anterior jerarca a causa del escándalo tras la tragedia de la caída de un puente con el doloroso saldo de cinco muertos, heridos y pérdidas materiales.
Los costarricenses no sabemos qué impidió durante estos años a los técnicos y personal experimentado del MOPT actuar. Lo único que tenemos claro es que esas actuaciones hicieron falta para llevar a cabo procesos acertados y eficientes de concesión, ya que esa fue la vía elegida para construir al menos las más grandes obras de infraestructura necesarias en materia de carreteras y puentes.
Pero nada sucedió aparte de inaceptables excusas. Si en alguna área se necesitaba actualización o capacitación era lo primero que debía hacerse. Si esto no era necesario solo había que impulsar la acción.
La misma suerte corrida por el aeropuerto Juan Santamaría cayó sobre otras obras. Se repite el patrón de lo que no se debe hacer, con matices diferentes según el caso.
En el que hoy nos ocupa la pesadilla transcurre así: concesión otorgada, incumplimiento en las expropiaciones que debía hacer el Estado, falta de supervisión, omisión de control de plazos, más ampliaciones imprevistas, falta de imaginación e iniciativas para resolver problemas, retrasos, falta de financiamiento, aumento en los costos, addendum al contrato para tratar de apagar el incendio, mayores costos para los usuarios. Inaceptable.
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