Los ticos no son para el ICE, el ICE es para los ticos

El ICE es y ha sido una gran institución. Sus fundadores y primeros administradores hicieron que Costa Rica tuviera un lugar de privilegio en América Latina, por la calidad y amigabilidad con el ambiente de su generación de electricidad, y también -de manera muy importante- por los alcances de su distribución cubriendo muy temprano a la casi totalidad de las familias de nuestros país, y abasteciendo por mucho tiempo con costos competitivos a la industria nacional.

Pero desde hace años afloran los problemas que surgen de la falta de competitividad, de la opacidad de su manejo y de la ausencia de los controles que son indispensables en los entes públicos.

La Contraloría General de la República viene señalando importantes fallos en la administración del ICE como la falta de control en el otorgamiento de pluses a sus funcionarios, problemas en sus compras, no aplicación de las normas contables internacionales en sus estados financieros, “la mala calidad y falta de disponibilidad del servicio” de la cablera que compró, y ocultamiento de la información del sector de electricidad, escudándose indebidamente en la protección de su información de telecomunicaciones, que en este último caso se trata de justificar por brindarse en competencia.

Por otra parte los estudios de la Contraloría implican gran debilidad en los procesos de planificación y ejecución de obras del ICE. Se ha venido acumulando una sobreestimación de la demanda de energía, y se han dado aumentos desmedidos en los costos de proyectos de generación eléctrica del ICE y de su subsidiaria la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Así, por ejemplo, el proyecto Reventazón tenía en 2008 un valor estimado de $810 millones pero costó casi el doble: $1.567 millones. Esto revierte en un aumento innecesario de las tarifas eléctricas, con grave perjuicio para la economía de los hogares y para la competitividad internacional de las empresas costarricenses. También se refleja esta debilidad operativa en la adquisición de una cablera que ya estaba en dificultades financieras y que ha incidido negativamente en los resultados del ICE.

Recientemente la señora Contralora General de la República manifestó en la Asamblea legislativa que el ICE es “institución compleja y reacia al control” que “ha generado un velo de opacidad no conveniente a una institución pública relevante en el quehacer nacional”

En los dos últimos años esta empresa -con un monopolio en generación eléctrica y operador dominante en telecomunicaciones- ha cerrado sus operaciones con pérdidas, a pesar de las altas tarifas eléctricas (¢51.706 millones de pérdida en 2017 y una pérdida proyectada para 2018 de ¢314.000 millones)

Un grave resultado de estas circunstancias es el alto endeudamiento de la institución ($4.156 millones según datos dados en noviembre 2018) que la ha llevado a aumentar muy significativamente sus gastos financieros (un 40% en 2017). Este es un serio problema para el futuro de nuestro país, pues el pago de esas obligaciones si se reproducen las condiciones actuales en el futuro, demandará o bien tarifas aún más elevadas (el ICE ha indicado que sus pérdidas se deben a no haberse aumentado las tarifas) o que el gobierno asuma el pago de esas deudas.

En ambos casos ello significaría un enorme perjuicio para la economía nacional y el bienestar de la población, pues reduciría nuestro crecimiento potencial y con ello se dificultaría disminuir el desempleo y la pobreza.

Por eso es indispensable que el gobierno asuma la responsabilidad de dirigir la política financiera y de egresos del ICE de manera que se puedan restructurar el gasto y la deuda de esa institución, y atender esta última sin nuevas negativas afectaciones de tarifas ni de impuestos.

Al final del gobierno de don José Joaquín -para dar contenido a la eliminación de la independencia constitucional que habían tenido en temas de gobierno las instituciones autónomas- presentamos un proyecto para establecer un sistema institucional de control de las inversiones públicas y de las pautas presupuestarias de esos entes, ejercido por el Consejo de Gobierno previo informe de la entonces Oficina de Planificación. Pero se prefirió en aquel entonces controlarlas con base en los nombramientos de sus directivos Para ello se emitió la ley 4- 3.

Durante el gobierno 1998-2002 se utilizó directrices para limitar y ordenar las inversiones y gastos del ICE, que fueron eliminadas por el gobierno siguiente.

El pasado mes de febrero el Consejo de Gobierno inició una investigación respecto a actuaciones de 6 directivos del ICE a quienes suspendió de sus cargos y ha efectuado nombramientos temporales.

Espero que esto no sea una nueva versión de las medidas que se tomaron en los años setenta, basándose solo en las personas nombradas y no en reglas institucionalizadas que determinen procedimientos trasparentes y bien fundamentados para controlar y coordinar las inversiones y las políticas de gasto del sector público.