Los cuidados en el centro de la reconstrucción social y económica del país

Isabel Brenes Paniagua

Politóloga

La crisis económica y social que atraviesa Costa Rica, agudizada por la pandemia del Covid-19, es una gran oportunidad para la reconstrucción de nuestra sociedad, con sólidos pilares de justicia, inclusión e igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, es esencial que los cuidados estén en el centro de la agenda, las políticas y la distribución de los recursos públicos.

Las demandas desiguales y agobiantes que pesan sobre las mujeres en cuanto a trabajo doméstico y labores de cuidado no remunerado, representan una barrera estructural que les impide a miles de ellas, acceder a estudio, capacitación, formación e insertarse al mercado laboral.

Según datos de la Encuesta Continua de Empleo del II Trimestre 2021, la tasa neta de participación laboral de los hombres fue 71.2% y de las mujeres de 47.6%. Esta brecha de -inserción- de más del 23% de mujeres fuera del mercado de trabajo, debe y puede superarse, para lograr la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres y, en general, progresar decididamente en la garantía de sus derechos humanos.

Para alcanzar este objetivo estratégico, es indispensable reconocer el cuidado como derecho humano y su corresponsabilidad social, entre hombres y mujeres; familia y comunidad; sector privado y público. Y una de las políticas efectivas en esta materia, que significa, además, la mejor inversión en capital humano que pueda realizar el Estado, es la Red de Cuido.

Es urgente definir la hoja de ruta para la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, creada en la Administración Chinchilla Miranda, en términos de su visión plasmada en la Ley 9220, “un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario”.

Justamente en esta dirección, un estudio del Programa Estado de la Nación en 2019, titulado “Alternativas para universalizar la Red de Cuido Infantil”, elaborado por Elizondo y Pacheco, plantea varios escenarios, considerando criterios de priorización como grupo etario y situación de pobreza. De ahí que, para universalizar la REDCUDI en un plazo de 20 años, por ejemplo, llegando primero a la niñez de 0 a 6 en pobreza, se requiere un incremento anual de 8,463 beneficiarios y una inversión para cada año de aproximadamente 11 mil millones de colones.

Esta inversión, además de su alta tasa interna de retorno, crea condiciones para superar la barrera de inserción y potenciar el aprovechamiento del bono de género, donde las mujeres tengan igual participación que los hombres en el mercado laboral. Además, para lograr la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres, debe derribarse la barrera de selección, equiparando posibilidad de conseguir empleo y la de valoración, para acceder a igual salario por igual trabajo.

Están identificados los grandes desafíos para una reconstrucción con igualdad de género, justa e inclusiva, así como claras las oportunidades y decisiones políticas que se deben implementar. Debemos trabajar decididamente porque en el país y, en la coyuntura electoral, se coloque en los primeros lugares de la agenda, estas intervenciones que permitan profundizar los derechos humanos de las mujeres y de la niñez.