Lobos disfrazados de oveja
| Sábado 23 agosto, 2008
Lobos disfrazados de oveja
La administración Arias Sánchez se presentó en campaña política al electorado como una alternativa válida ante la situación de ingobernabilidad y estancamiento político y económico de aquel momento. Tras dos años de gobierno dirigido con la promesa de dar soluciones concretas a problemas específicos, parece haberse perdido la orientación trazada en campaña política.
Ciertamente favorecido por un entorno económico propicio, en lo que a crecimiento económico, recaudación y costos financieros se refiere, durante este gobierno se han evidenciado yerros importantes en relación con algunas decisiones políticas de indiscutible relevancia para la población.
Algunos proyectos enviados a la Asamblea Legislativa acusan inaceptables muestras de improvisación que contrastan con la claridad y transparencia ofertadas.
El segundo Presupuesto Extraordinario de la República, por ejemplo, causa confusión por las contradicciones puestas en evidencia tras su presentación y defensa por parte de los jerarcas del Ejecutivo, a quienes se les delega la responsabilidad de la ejecución de los recursos. En esta ocasión, jerarcas del Poder Ejecutivo manifestaron criterios preocupantemente contradictorios sobre el objeto, uso y destino de unos recursos que por un monto de casi ¢30 mil millones, se han presentado al pueblo disfrazados de solución emergente ante la inminente crisis alimentaria nacional, a pesar de que tan solo el 22% del dinero presupuestado será encauzado para tal fin.
La Ley de Capitalización del Banco Central de Costa Rica por su parte, resulta claramente deficiente para alcanzar el objetivo perseguido, pues el mencionado plan se reduce a autorizar aportaciones en calidad de donativos que el Estado y otros entes nacionales e internacionales quieran voluntariamente realizar a esa institución, sin obligaciones ulteriores para el Ministerio de Hacienda, el cual debe estar llamado a capitalizar al Banco Central de acuerdo con un programa calendarizado de aportes presupuestarios, en virtud de la naturaleza de las pérdidas de esa entidad. Poco tiene que ver este proyecto con un plan financieramente aceptable para capitalizar al BCCR, pues traslada los costos al resto del sistema financiero nacional mediante la pretendida elevación del límite mínimo del encaje legal hasta un 25%, en momentos en que la tendencia internacional apunta hacia una contundente disminución en el uso de este mecanismo como instrumento de política monetaria. Sin duda alguna, esta medida causaría una distorsión de gran magnitud en el mercado financiero nacional, la cual elevaría los costos de intermediación financiera trasladando el peso del ajuste a todo el sistema financiero nacional.
En respuesta a las crisis, la creatividad de las ideas resultan en insumos necesarios pero no suficientes en las propuestas de solución, pues estas deben además ser equilibradas, justas y focalizadas en el problema concreto, de modo que no generen mayores distorsiones de las que se pretenden corregir.
Rodney López Rojas
Céd. 2-443-308
Economista y asesor parlamentario
rlopez@asamblea.go.cr
La administración Arias Sánchez se presentó en campaña política al electorado como una alternativa válida ante la situación de ingobernabilidad y estancamiento político y económico de aquel momento. Tras dos años de gobierno dirigido con la promesa de dar soluciones concretas a problemas específicos, parece haberse perdido la orientación trazada en campaña política.
Ciertamente favorecido por un entorno económico propicio, en lo que a crecimiento económico, recaudación y costos financieros se refiere, durante este gobierno se han evidenciado yerros importantes en relación con algunas decisiones políticas de indiscutible relevancia para la población.
Algunos proyectos enviados a la Asamblea Legislativa acusan inaceptables muestras de improvisación que contrastan con la claridad y transparencia ofertadas.
El segundo Presupuesto Extraordinario de la República, por ejemplo, causa confusión por las contradicciones puestas en evidencia tras su presentación y defensa por parte de los jerarcas del Ejecutivo, a quienes se les delega la responsabilidad de la ejecución de los recursos. En esta ocasión, jerarcas del Poder Ejecutivo manifestaron criterios preocupantemente contradictorios sobre el objeto, uso y destino de unos recursos que por un monto de casi ¢30 mil millones, se han presentado al pueblo disfrazados de solución emergente ante la inminente crisis alimentaria nacional, a pesar de que tan solo el 22% del dinero presupuestado será encauzado para tal fin.
La Ley de Capitalización del Banco Central de Costa Rica por su parte, resulta claramente deficiente para alcanzar el objetivo perseguido, pues el mencionado plan se reduce a autorizar aportaciones en calidad de donativos que el Estado y otros entes nacionales e internacionales quieran voluntariamente realizar a esa institución, sin obligaciones ulteriores para el Ministerio de Hacienda, el cual debe estar llamado a capitalizar al Banco Central de acuerdo con un programa calendarizado de aportes presupuestarios, en virtud de la naturaleza de las pérdidas de esa entidad. Poco tiene que ver este proyecto con un plan financieramente aceptable para capitalizar al BCCR, pues traslada los costos al resto del sistema financiero nacional mediante la pretendida elevación del límite mínimo del encaje legal hasta un 25%, en momentos en que la tendencia internacional apunta hacia una contundente disminución en el uso de este mecanismo como instrumento de política monetaria. Sin duda alguna, esta medida causaría una distorsión de gran magnitud en el mercado financiero nacional, la cual elevaría los costos de intermediación financiera trasladando el peso del ajuste a todo el sistema financiero nacional.
En respuesta a las crisis, la creatividad de las ideas resultan en insumos necesarios pero no suficientes en las propuestas de solución, pues estas deben además ser equilibradas, justas y focalizadas en el problema concreto, de modo que no generen mayores distorsiones de las que se pretenden corregir.
Rodney López Rojas
Céd. 2-443-308
Economista y asesor parlamentario
rlopez@asamblea.go.cr