Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 13 Agosto, 2009


De cal y de arena*
Lo que oculta una máscara

La máscara de una hermosa denominación —Ley de Libertad de Expresión y Prensa— disimula toda una normativa encaminada a blindar los excesos de quienes detentan el latifundio mediático existente en Costa Rica. Es el proyecto de ley ideal para terminar de asentar el imperio donde concurren el poder político, el poder económico y el poder mediático, redactado no para fortalecer la misión de la prensa en un régimen democrático ni para garantizar el ejercicio efectivo de valiosas instituciones del Derecho Humanitario insertas en la Constitución Política y en tratados internacionales. Pero sí para conceder impunidad en el ejercicio abusivo del periodismo en hombros del desconocimiento del principio de inocencia, de la reversión de la carga de la prueba, de la eliminación de la responsabilidad solidaria derivada de la condenatoria expresada en sentencia firme, de la reproducción irresponsable de cuanto publiquen otros y de la conversión del contenido de esas sentencias a un mero resumen a gusto de la dirección del periódico. Conjunto de propuestas, estas, que se impulsan so pretexto de garantizar la libertad de prensa y la independencia del periodista pero que arrinconan en la impotencia a la persona y algunos de los Derechos Humanos elementales. Cómo es que una ley de tan corrosivos efectos no ha terminado archivada, se explica nada más que por la presión mediática y porque ha habido diputados que no han calibrado la letra menuda del proyecto.

Los más encarnizados promotores de este desafuero no son ajenos a los juicios mediáticos que más que investigaciones periodísticas sobre hechos concretos, han estado dirigidos a dictar sentencias mediáticas irreparablemente destructoras. Los hay también ligados a la introducción de un modelo de desarrollo económico inequitativo e injusto, empeño que no tendría nada de pecaminoso si no fuera porque se ha producido con el ejercicio del periodismo al margen de sus principios deontológicos. Si ayer apelaron a la distorsión informativa en campañas electorales y en el proceso previo al referéndum, hoy demandan la aprobación del expediente #15974 que con sus excesos agravaría las secuelas de la nociva concentración de medios de comunicación en pocas manos, lo que —dicho por Héctor Faúndez, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— distorsiona el derecho a la información y permite la manipulación de la opinión pública.

Ex presidentes del Colegio de Periodistas enviamos una invitación a los diputados para que reflexionen sobre esta liberticida propuesta de ley, convencidos de que hay que preservar la exigencia de responsabilidad a los medios. Sus contenidos desbordan esta frontera con una liberalidad que propiciaría conductas abusivas del informador, efecto sobre el cual la sentencia 2002-01050 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia elabora una enriquecedora jurisprudencia.