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Lunes 16 Abril, 2018

Lo que los costarricenses nos dijeron

En el recién pasado proceso electoral ocurrido el 4 de febrero y el 1° abril del año en curso, la decisión del Soberano es contundente y clara, siendo un deber de los funcionarios públicos, no solo interpretarla adecuadamente, sino actuar de conformidad con los alcances de ese mandato. El resultado de ese proceso electoral consolida el llamado a un sistema parlamentario y no presidencialista, siendo que la nueva conformación de la Asamblea Legislativa tiene un reto importante que afrontar, establecer la forma de operar en esa nueva realidad y así responder con eficiencia y seguridad a la ciudadanía. El cambio reglamentario que no ha sido posible acordar, ha provocado ingobernabilidad y atrasos al progreso del país y con ellos un desprestigio para el Primer Poder de la República e insatisfacción de los administrados.

Es atinada la decisión del señor presidente electo de procurar un gobierno de unidad nacional que incluya a todas las fuerzas representadas en el futuro Congreso, sistema muy propio de las democracias parlamentaristas europeas. Lee bien el presidente electo el mensaje claro que evidencia que Costa Rica apuesta hacia la implementación de un gobierno parlamentario. Esa es la misma lectura que en mi condición de diputado electo he efectuado, sin embargo no podemos dejar de lado que debemos responder a un mandato de la ciudadanía en el que, como indiqué arriba, no están definidas las reglas que nos permitan actuar con eficiencia orgánica y seguridad jurídica que provoquen un dinamismo legislativo seguro y sin entrabamientos y que contribuya a la apertura de un sistema político de esa línea, para así responder adecuadamente al resguardo para los intereses nacionales y al avance del país.



Concretar un gobierno parlamentario de hecho, implica varios retos vitales para la aplicación constitucional de pesos y contrapesos. El primero de ellos deviene en que ninguna fuerza política puede renunciar al control político que le fue encomendado por orden del Supremo. Experiencias similares se observan en democracias modernas en las que la oposición, aunque forme parte del Ejecutivo, levanta la bandera del control político sin restricción alguna.

Así mismo, debe garantizarse, que el Ejecutivo no tenga influencia en el nombramiento de funcionarios que por deber constitucional le corresponde al Legislativo, para que no se vea violentado el principio de separación de poderes que también es de rango constitucional. La vigilancia que tendremos sobre nombramientos como juntas directivas de bancos será rigurosa e implica, sin duda alguna, una de las tareas más complejas para el señor presidente electo. Esta dinámica nos conducirá a resolver la actualización de requisitos para una serie de nombramientos en puestos claves de relevancia política y financiera.

Estoy motivado a colaborar en ese ensayo del gobierno que desea implementar el presidente electo, sin embargo de previo debemos establecer reglas claras y dinámicas que nos permitan caminar seguros por la senda que nos han encomendado desde las urnas electorales. Hoy Costa Rica necesita avanzar y esta es la oportunidad para lograrlo, aprovechémosla y salgamos adelante.

Pablo Heriberto Abarca Mora
Diputado electo secretario general
Partido Unidad Social Cristiana