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Ley de Incofer se descarrilaría en Sala IV

Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Lunes 18 abril, 2016


El año pasado 3,7 millones de pasajeros usaron el tren, duplicando en pocos años la cantidad de usuarios. Ante este panorama, el Incofer trata de conseguir nuevos recursos. Archivo/La República


Casi cuatro años de debate en el Congreso en torno a la ley de fortalecimiento de Incofer podrían terminar en el cajón de la basura, si los diputados insisten en permitir que esa institución se brinque los procesos de contratación administrativa para hacer adjudicaciones directas.
Es inconveniente e ilegal que una institución pública haga contrataciones sin procesos de licitación, ya que no hay forma de garantizar el mejor precio y condiciones para el Estado, de acuerdo con la Contraloría General de la República, que ya advirtió a los diputados sobre varios fallos de la Sala IV en ese sentido desde 2011.
Aunque el órgano fiscalizador no lo menciona en su opinión ante la Comisión de Ambiente del Congreso, también es posible que los procesos de contratación sin fiscalización sean el caldo de cultivo ideal para casos de corrupción, “como el sucedido con la trocha fronteriza 1856 construida durante el gobierno de Laura Chinchilla”, dijo Johnny Leiva, jefe de fracción del PUSC.
Los socialcristianos y el Movimiento Libertario ven como inconveniente el proyecto de ley que está en discusión y anuncian que pedirán a la Sala IV su opinión, una vez que el plan sea aprobado en primer debate, lo cual podría suceder antes de finalizar el mes.
La ley de fortalecimiento del Incofer cuenta con el respaldo del Frente Amplio, el PAC y Liberación Nacional, que le darían los votos necesarios para aprobarse.
El proyecto tiene como objetivo que la institución haga procesos de contratación más ágiles, al adherir al Incofer a una ley de telecomunicaciones del ICE, para que compita en un mercado abierto, asimismo, abre un portillo para que la institución se endeude hasta en un 40% por el valor de sus activos, calculados en más de $1.200 millones.
Sobre este último punto, la Contraloría también advierte la inconveniencia de poner a responder los activos del Estado, aunque no lo considera ilegal.
El proyecto podría convertirse en un “cascarón” si se le quita al Incofer la oportunidad de hacer las contrataciones ágiles, pues los diputados tampoco permitieron que se establecieran nuevos impuestos a las gasolinas o a los peajes para fondear la construcción del tren metropolitano.
“Hemos perdido el tiempo debatiendo una ley que tiene pocas posibilidades de ponerse en práctica, no solo porque no veo a un inversionista que quiera tener garantía de la vía pública, sino también porque a nuestro juicio es ilegal brincarse todos los procedimientos de control a la hora de hacer contrataciones. Lo mejor era continuar con el plan que dejó Miguel Carabaguíaz, expresidente de Incofer, y no con este proyecto”, dijo Javier Moreira, líder sindical de la ANEP – Incofer.







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