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Ante la creciente ola de violencia ligada al narcotráfico que atraviesa Costa Rica, figuras políticas como Laura Fernández, candidata del partido Pueblo Soberano, han puesto sobre la mesa una medida drástica y excepcional: la suspensión de garantías constitucionales en zonas de alta criminalidad.
La propuesta ha generado una gran polémica a nivel político, ya que según los detractores, la medida sería peligrosa para la democracia.
Al margen de esta situación, Costa Rica se encamina a su tercer año de violencia homicida por una guerra narco entre bandas rivales por territorio.
De mantenerse el ritmo diario de homicidios, el país podría cerrar el año por encima de los 900 casos. Para este lunes se reportaban 709.
En este contexto, Laura Fernández, candidata de Pueblo Soberano, hizo el viernes una polémica propuesta al presentar su plan de gobierno.
“Estoy dispuesta, como futura presidenta de Costa Rica, en casos estrictamente necesarios y si viéramos una escalada en sicariato y delitos relacionados con el crimen organizado, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento o suspensión de garantías individuales. Significa que, si la cosa se pone muy fea, con inteligencia policial detectando los barrios de máxima delincuencia, levantar garantías y hacer operativos y sacar a estos maleantes de circulación”, dijo Fernández.
¿Por cuáles motivos se pueden levantar las libertades constitucionales?
La Constitución Política es muy específica y restrictiva en cuanto a los motivos que pueden justificar una medida tan severa. Según el artículo 121, inciso 7, la Asamblea Legislativa tiene la potestad de suspender las garantías individuales "en caso de conmoción interna o de evidente necesidad pública".
Esto significa que no puede ser una decisión arbitraria, sino que debe estar fundamentada en una situación de crisis grave que ponga en peligro la estabilidad y la seguridad del Estado o el bienestar de la población en general.
La "conmoción interna", como una guerra entre bandas de narcotraficantes, podría ser interpretada como una causal válida bajo este artículo.
¿Cuáles son los derechos que se podrían restringir?
La misma Constitución establece un listado cerrado de los derechos que pueden ser suspendidos. No se pueden restringir todos los derechos fundamentales. Los únicos que pueden ser limitados son:
Libertad de tránsito: El derecho a moverse libremente por el territorio nacional y a entrar o salir de él.
Inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones: El derecho a la privacidad en el hogar, así como en documentos y comunicaciones privadas. Con la suspensión, las autoridades podrían realizar allanamientos sin orden judicial.
Derecho de reunión: La libertad de reunirse pacíficamente.
Libertad de arresto sin orden judicial: Garantiza que nadie puede ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido un delito y sin una orden de un juez. Durante la suspensión, el Poder Ejecutivo podría ordenar detenciones sin este requisito previo.
Es crucial destacar que derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad personal (prohibición de la tortura) o el derecho a la defensa no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia.
¿Qué debe hacer el gobierno de turno para aprobar una medida de este calibre?
El proceso para decretar un estado de excepción es riguroso y requiere la participación de dos Poderes de la República para garantizar un sistema de frenos y contrapesos:
1.) Solicitud del Poder Ejecutivo:El Presidente de la República, junto con el ministro del ramo correspondiente (en este caso, probablemente el de Seguridad Pública), debe solicitar formalmente a la Asamblea Legislativa la suspensión de las garantías.
2.) Aprobación Legislativa Calificada: La Asamblea Legislativa es la única que puede aprobar la medida. La decisión debe ser tomada mediante una votación no menor a dos tercios del total de sus miembros, es decir, se requiere el voto favorable de al menos 38 diputados.
¿Por cuánto tiempo se puede aplicar un estado de excepción?
La Constitución Política establece un límite de tiempo estricto para evitar abusos.
La suspensión de garantías se puede decretar por un plazo máximo de hasta 30 días.
Si al finalizar este periodo la situación de emergencia persiste, el Poder Ejecutivo podría solicitar una prórroga, la cual deberá ser nuevamente aprobada por la Asamblea Legislativa.
¿Quién propuso la medida recientemente y por qué?
La propuesta fue reintroducida al debate nacional por Laura Fernández, candidata presidencial del partido Pueblo Soberano.
La justificación de su propuesta es la crisis de seguridad que vive el país, que se encamina a su cifra de homicidios más alta en la historia por la guerra entre bandas de crimen organizado.
