Lecciones de la crisis de deuda de Argentina

 Antes de que se resuelva la crisis de deuda de Argentina —cuyas perspectivas han mejorado últimamente— vale la pena hacer una pausa para preguntar por qué el punto muerto ha durado tanto.
Para prevenir ese tipo de fiasco hay que cambiar lo que ocurre cuando un gobierno no puede pagar sus deudas.
El prolongado impasse de Argentina muestra lo que está en juego.
Cada vez más irritado por la negativa de Argentina a cumplir las órdenes judiciales, un juez federal de Estados Unidos le dijo al gobierno argentino que no pagara a los acreedores que habían aceptado la reestructuración de la deuda si antes no les pagaba también a los que la habían rechazado, o holdouts.
También obligó a los intermediarios a ayudar a que se cumpliera su fallo.
Este grado de severidad era comprensible dadas las circunstancias pero provocó alarma y controversias.
Tanto el Tesoro de EE.UU. como el Departamento de Estado apoyaron la apelación argentina del fallo del juez, argumentando que este cercenaba la inmunidad soberana de Argentina y reduciría el atractivo de Nueva York como centro financiero.
Sin embargo, los holdouts obtuvieron un éxito resonante y más tarde consiguieron un fallo que establecía que debían cobrar la totalidad de su deuda.
Esto planteaba un solo problema: el tribunal no podía obligar a Argentina a pagar. Además, el dictamen imponía grandes costos a terceros, los bonistas castigados que querían acordar, y abrió la posibilidad de que se iniciara una catarata de demandas presentadas por “holdouts dentro de los holdouts” que pretendieran mejores términos.
Cuando una compañía no puede pagar sus deudas, un proceso de quiebra obliga a los acreedores a colaborar para salvar lo que pueda salvarse y llegar a una salida que beneficie a ambas partes. No existe un procedimiento como ese cuando el deudor es un gobierno.
Nadie cuestiona que esa deficiencia tiene que ser salvada —Argentina muestra lo que ocurre de no ser así— pero se discute cuál es la mejor manera de hacerlo.
Son posibles dos abordajes amplios. Uno consiste en modificar el diseño de los contratos para que los holdouts puedan ser obligados a acordar con más facilidad. El otro es crear un procedimiento internacional similar al de un tribunal de quiebras de empresas.
La modificación del lenguaje contractual puede facilitar el acuerdo por el voto de una mayoría o supermayoría, si surgiera la necesidad.
Este tipo de disposiciones —que casi con seguridad se incluirán en los bonos que más adelante emita Argentina— son ahora la norma para los prestatarios soberanos de mercados emergentes. Este tipo de contrato es útil pero quizá no sea suficiente.
Las cláusulas de acción colectiva no siempre funcionaron como debían. No pudieron hacer que la crisis de deuda de Grecia se desarrollara sin tropiezos, por ejemplo. Como muestra ese caso, la reestructuración de las deudas soberanas casi inevitablemente es un proceso desordenado, acompañado por grandes tensiones políticas y la intervención de gobiernos extranjeros. Lo que parecía simple cuando se redactaron los contratos de pronto se presenta como complicado… y de todos modos a veces sigue una perjudicial batalla entre los que quieren acordar y los que no.
Elaborar contratos más inteligentes es bueno pero los gobiernos también deberían colaborar para crear un procedimiento internacional similar al de quiebra, idealmente supervisado por el Fondo Monetario Internacional. Estas dos cosas juntas tampoco serán una panacea pero serán otra manera de promover la cooperación en lugar de un enfrentamiento mutuamente destructivo.
Esta idea no es pura ilusión. Hace casi 15 años se elaboró un plan oficial para crear un mecanismo de reestructuración de las deudas soberanas y obtuvo algo de apoyo pero no el suficiente para que la idea avanzara. Debería ser retomado, preferiblemente antes y no después de la próxima gran crisis de deuda soberana.