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Con el objetivo de promover una justicia pronta y cumplida en Costa Rica, la mandataria Laura Fernández convocó a los jerarcas del Poder Judicial a una reunión el próximo 18 de mayo.
La idea, es tener un intercambio de opiniones, sobre temas de interés nacional, como la lucha contra el crimen organizado y la impunidad.
Precisamente este último punto, ha sido motivo de gran división entre el gobierno anterior, del que Fernández fue parte, y la Corte Suprema.
La invitación fue dirigida a Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera; Carlo Díaz, fiscal general; y Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“No voy a consentir que nuestro país siga teniendo el desprestigio judicial que lamentablemente hoy vivimos (...) En esta reunión pienso plantear las prioridades de mi gobierno en cuanto a las reformas profundas que necesita el Poder Judicial para convertirse en un poder al servicio de los costarricenses, que trabaje con eficiencia y le hagamos frente en una gran cruzada nacional al crimen organizado y al narcotráfico”, sentenció la mandataria.
Fin a la reelección indefinida
Por otra parte, la reforma del Poder Judicial va en serio y, por ello, la presidenta Laura Fernández puso sobre la mesa de discusión un proyecto para acabar con la reelección indefinida de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa, convocada a debate en el parlamento por la propia mandataria, es una reforma al artículo 158 de la Constitución Política para limitar el periodo de elección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia a un máximo de 14 años, divididos en un periodo inicial de ocho años y una posibilidad de reelección por seis años adicionales.
Al ser una reforma constitucional, se requieren 38 votos en el plenario, por lo que, necesariamente, tendrá que negociar con la oposición para avanzar con esta iniciativa, ya que la bancada oficialista es de 31 diputados.
El plan fue presentado el 8 de octubre de 2024 por el entonces diputado Gilberth Jiménez, del PLN.
En ese sentido, Fernández señaló que la reforma del Poder Judicial es un mandato de la ciudadanía que no debe esperar más por justicia pronta y cumplida.
“Por supuesto que eso no significa atentar contra la división de poderes. Nunca lo haría. Pero a cada uno le toca darle cuentas al pueblo de sus acciones, así como de sus omisiones, y también implica algo fundamental: recuperar la confianza en la justicia”, dijo Fernández el viernes anterior en su discurso inaugural como mandataria.
Asimismo en ocasiones anteriores, Fernández se refirió al tema de la impunidad como una situación grave.
"Yo vivo en Cartago. Hace poco dejaron suelto a un maleante de los más bravos, a un narcotraficante que tenía condena grandísima y no cumplió ni tres años. Y a ese maleante, que vea usted qué cosa, haciendo ejercicio en un gimnasio en Cartago, a la par de toda la gente buena de Cartago, como si no fuera un delincuente, suelto por una barbaridad del Poder Judicial. ¿Y qué hicieron? Entraron al gimnasio a matarlo, se hizo una balacera y, después de ese triste acontecimiento donde se dio que lo asesinaran al frente de todas las personas, días después hubo otros ajustes de cuentas ahí cerca. Esto es un tema donde yo lo he dicho, puedo poner una policía en cada esquina de Costa Rica, que si la Policía agarra a los maleantes y los jueces los dejan sueltos, no vamos para ningún lado. Es un círculo vicioso", contó la mandataria.
