Las multas

Hablando Claro
Las multas

Hasta ayer asistí al creciente debate de las multas electrónicas por exceso de velocidad sin emitir criterio alguno. Quería contar con una opinión fundamentada sobre la forma en que se está aplicando la novedosa regulación de las cámaras de control. Tal vez por ello no tuve la curiosidad de abalanzarme sobre la ya famosa lista de placas infraccionadas.
Pero como sucede con casi todo, mientras nos formamos un criterio nos atropella la realidad. Se nos viene encima el curso de los acontecimientos sin terminar de deglutirlos. Y es así que, en mi condición de propietaria de un compacto, fui contactada por mis colegas de Al Día que me dieron la noticia de que tengo dos multas de instantes captados ni más ni menos que el día del estreno por los ojos avisores instalados en La Lima de Cartago y la Autopista Florencio del Castillo. Ahora asumo el riesgo de ser señalada de que opino porque estoy infraccionada.
No hay que ser muy sesudo para advertir un problema de proporcionalidad y razonabilidad. Que las multas sean elevadas no es un problema en sí mismo. En general sostengo el criterio de que si uno no infringe la ley no tiene que preocuparse por el monto de las multas. Pero la cosa cambia cuando estamos ante la realidad de que las multas no solo son muy elevadas sino que además los estándares de velocidad son muy bajos; producto de lo cual muchos conductores ahora andan —literalmente— haciendo presa en todas las vías que tienen cámaras instaladas porque manejan aterrados ante la eventualidad de que les impongan un castigo pecuniario casi imposible de afrontar, tomando en cuenta que ¢300 mil equivalen al salario mensual de un Técnico en Administración 1 del ICE (por citar un ejemplo).
Otro elemento perturbador es que si bien es cierto las cámaras de control de velocidad existen en todas partes para disuadir la conducta temeraria, aquí aparecen revestidas de énfasis recaudatorio. Aunque el MOPT se apresuró a señalar que los dispositivos “no eran máquinas de hacer dinero”, también aparece frotándose las manos. Según uno de sus comunicados “en un escenario 100% positivo de recaudación” las infracciones hechas entre el 8 y el 19 de setiembre a 14.662 placas les permitirán obtener la nada despreciable suma de ¢4.662 millones. Y hasta el propio ministro don Francisco Jiménez dijo sin disimulo de satisfacción que esa cantidad alcanzaba sobradamente para cancelar la compra de los dispositivos. Me pregunto: ¿cuál otro “negocio” lícito, permite la retribución del 100% de la inversión en 11 días?
Si a todo esto sumamos el hecho de que no hubo una campaña estructurada de información previa básica para los usuarios de las vías, más allá del propio interés de los medios informativos, cae por su propio peso la avalancha de reclamos que ya se hacen sentir y la que podremos ver en el COSEVI a partir del viernes.
Lo peor de todo esto es que siempre encontramos asuntos que nos distraigan de las grandes decisiones que el país y nuestras autoridades deben tomar para resolver los imperiosos problemas del tráfico vehicular de una gran área metropolitana colapsada.
Lo bueno es que, al igual que en mi caso, muchos tendremos que poner orden en el tema puntual de la propiedad registral de los automotores.

Vilma Ibarra