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Deben acabar la mala administración y el desvío de fondos, dos barreras que impiden el progreso del país

Las consecuencias del deber no cumplido

A raíz de la vergonzosa infiltración de políticos y empresarios en la lista de pequeños campesinos que serían beneficiados con una condonación de deuda, un asunto que denunció este medio la semana pasada, se pone de relieve lo que el país sabe pero no siempre detecta: las formas de funcionamiento de la mala administración y hasta del desvío de fondos en el país.
Resulta que este proyecto ya había sido aprobado en primer debate por los diputados cuando, la semana anterior, LA REPUBLICA denunció los hechos irregulares que desembocaron en lo que hoy es escándalo nacional.
Si la denuncia no se hubiera producido, el camino ya andado indicaba que el proyecto sería aprobado y se habría producido el desvío de fondos a personas que no calzan en absoluto dentro del perfil de quienes se deseaba beneficiar.
¿Y el trabajo de control de las instituciones públicas? ¿Es que no existe entre las obligaciones laborales de un Gerente General del Consejo Nacional de Producción y en las de los legisladores el deber de tener, al menos, conocimiento de a quienes se beneficiaría con dineros que aportaron los costarricenses con el pago de impuestos?
¿Es que hay alguna posibilidad de pensar que es legal, ya no solo ético, aprobar (como fue en primer debate) una ley que condonaría deudas a pequeños agricultores sin siquiera revisar la lista y el perfil de los beneficiarios? Si de esta forma operan el Gerente General de una institución pública y el Primer Poder de la República, ¿quién tiene autoridad moral en este país para pedir corrección y ética en sus actos a los ciudadanos?
¿Suponen estos funcionarios que debían esperar que alguien les ordenara revisar esa lista para hacerlo? ¿No es ese justamente su trabajo? ¿No delega la población en ellos esa responsabilidad, la del control, como parte de sus obligaciones, pues para eso fueron nombrados y elegidos respectivamente?
Ahora resulta que la magnitud del problema aumenta, puesto que ya no se habla de ¢8 mil millones como al inicio sino de hasta ¢26 mil millones.
¿Hasta cuándo se cree que aguantarán los costarricenses la burla de que estos y otros actos ni siquiera sean castigados y que todo se resuelva con una renuncia y una marcha atrás en los actos de los responsables?
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