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Las concesiones


Es obvio que en nuestro país el Estado no dispone de suficientes recursos financieros para ejecutar las obras públicas que se requieren y que difícilmente el país pueda desarrollarlas en el corto plazo.
El Estado costarricense debe concentrar sus recursos en aquellas áreas sensibles socialmente hablando, como caminos rurales, escuelas, hospitales y agua potable, entre otras.
Son obras que, a pesar de su importancia para las comunidades, van a estar siempre al final de las prioridades, cuando el Gobierno tenga que enfocar su atención a otras más grandes. De modo que la participación del sector privado tendría un efecto multiplicador en este campo.
Los inversionistas extranjeros han mostrado interés en participar en la ejecución de algunas obras de infraestructura, pero hasta el momento los intentos han resultado improductivos.
La concesión de obras públicas es un esquema que ha dado resultados en muchos países contribuyendo al desarrollo nacional. La participación privada, por otra parte, ha permitido el perfeccionamiento del sistema.
Creemos que la legislación costarricense debe aclararse o mejorarse para que todos estos procesos sean atractivos en general.
Ciertamente se han dado avances significativos en los últimos dos años, pero son insuficientes.
Falta apoyo político para esta iniciativa, pues como se ha visto en algunos países latinoamericanos sus congresos han votado tales iniciativas por unanimidad. No es lo que está ocurriendo en Costa Rica, donde el tema de las concesiones se suele ver con mucho recelo.
Otro paso importante es, por supuesto, el de generar comprensión de parte de los usuarios de que estas obras tienen que ser financiadas con peajes o cobro de tarifas, lo cual implica avanzar en la cultura de pagar por el uso de bienes públicos.
Obviamente, las tarifas deberán estar reguladas por el Estado y los privados no van a cobrar lo que se les antoje.
En el sistema de concesiones, la transparencia es otro elemento de importancia crucial. Las variables están totalmente establecidas y no existe, ni debe existir, ningún tipo de lobby entre la administración y los concesionarios para determinar un ganador.
Significa que los carteles de licitación deben estar hechos para que gane la mejor oferta y que no esté hechos a la medida de ningún consorcio o empresa, todo lo cual evita los actos de corrupción. Es algo que también brinda seguridad al proceso y garantiza la inversión extranjera. Es también la clave para el buen éxito del sistema.
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