La versión cimarrona del absolutismo

De cal y de arena

La versión cimarrona del absolutismo

Cuando el Ministro de Obras Públicas manda callar a sus críticos “bananero a tus bananos” ha espetado a quienes objetan el proceso que él empuja a fortiori para conceder la construcción de un nuevo puerto en Moín desnuda en toda su magnitud la intolerancia y la prepotencia que se anidan en su fuero interno, impropias de un funcionario público obligado a rendir cuentas y a comportarse como simple depositario de la autoridad, en conformidad con el significado de una democracia participativa.

Peligrosa desviación la del ministro Jiménez, germen seguramente de un autócrata reprimido por las circunstancias que de súbito exhibe en un arrebato que le desata el miedo a que se le descarrile el montaje de la concesión. ¿Qué razones de peso desatan su ira?

Con todo derecho unas entidades gremiales han salido al paso de la concesión, no por objetar la modernización portuaria ni por negar atributos a la compañía constructora (que los tiene, sin duda) sino por las reservas que les suscitan la forma del encadenamiento de los eslabones del proceso, los cálculos financieros y sus dimensiones.

Sus reparos al igual que los apoyos de quienes están con el proyecto se construyen con base en los criterios técnicos de quienes analizan distintos ángulos y materias, del mismo modo que el Ministro de Obras Públicas conforma un criterio final sobre un punto que rebasa su pericia. Sería de necios negarle a don Francisco el derecho a opinar sobre la cuestión ferroviaria.

Cuando la verdad resplandezca se establecerá cuánto de la desastrosa postración de JAPDEVA es atribuible a esta versión cimarrona del absolutismo siglo XIX. Su exabrupto debe haber sido hiel para el vicepresidente Piva (biólogo), el ministro René Castro (ingeniero civil), la ministra Antillón (politóloga), el ministro Zamora (abogado sin pericia en las delicadas áreas de seguridad pública) y para tantos otros funcionarios, la misma Presidenta de la República que carece de experticia para controlar el país según opina el 80% de una encuesta.

Pero no será tan extendida la necedad de Jiménez y que tan penoso aporte le da al gobierno, como para creer que el derecho a auscultar, criticar y perseguir las opiniones y posiciones de los ministros, esté en grave riesgo de perderse. Sigan las cámaras, sindicatos y grupos sociales opinando sobre lo que hacen y dejan de hacer los funcionarios depositarios de la autoridad y administradores de fondos públicos. Ese es el camino que posibilita la denuncia de los vicios y corruptelas que asfixian las democracias y abren paso a las autocracias.

De seguro vendrán las arremetidas, también contra los espacios dedicados al periodismo de opinión como este. No hay más que tomarlas no como señal ominosa de amenazas a la pervivencia de las libertades, sí como explosiones de una larvada vocación por el autoritarismo. Recordemos ese famoso párrafo de la sentencia del Juez William Brennan en el caso New York Times Co. vrs. Sullivan: “El debate sobre asuntos de interés público debe ser sin impedimentos, robusto y ampliamente abierto. Y eso bien puede incluir ataques vehementes, mordaces y a veces sarcásticamente desagradables contra funcionarios gubernamentales”.

Alvaro Madrigal