La verdadera clase privilegiada
| Viernes 14 septiembre, 2012
La verdadera clase privilegiada
El gobierno de Laura Chinchilla ha presentado una propuesta para regular los pluses salariales de los empleados públicos, que por supuesto ha contado con la oposición de los líderes sindicales, que salen a defender los “derechos adquiridos” de los servidores públicos.
Desde hace mucho tiempo, los derechos dejaron de ser adquiridos para convertirse en abusivos y por eso es que no solo es necesario regular los pluses salariales, sino que se requiere una reforma total a los diferentes esquemas de compensación que utiliza el estado para remunerar a sus empleados.
Lo primero que debe propiciar el gobierno es un diálogo entre todos los actores de la sociedad, para explicar detalladamente los abusos salariales y por qué existe la necesidad de frenarlos.
El ciudadano común debe tener voz y voto en cuanto a la forma como se invierten los impuestos que paga.
Los sindicatos tienen la obligación moral de explicarle a la ciudadanía por qué el servidor público es un ser superior en el escalafón de salarios y privilegios. Tienen que explicarnos, al resto de la ciudadanía que de paso somos mayoría, cuál es la razón por la que los empleados del sector público tienen beneficios salariales, que los empleados del sector privado no tenemos, pero que sí estamos en la obligación de pagar por ellos, vía nuestros impuestos.
No solo tenemos que decidir cómo y cuánto le vamos a pagar a un servidor público, también tenemos que exigirle que cumpla a cabalidad con su trabajo, de lo contrario, que pueda ser despedido como cualquier otro trabajador del país.
El gobierno debe remunerar justamente a sus empleados, así como tiene la responsabilidad de proveerles lugares de trabajo adecuados. Pero es hora de frenar el abuso y el desperdicio.
Como país, hemos escogido remunerar mal a nuestros presidentes, ministros, diputados, etc.
Les pagamos tan mal que cada vez se hace más difícil atraer gente buena al gobierno y después nos quejamos de la calidad de los jerarcas.
Pero hemos decidido gastar, a manos llenas, en compensar al resto de funcionarios.
Los políticos que nos han gobernado, desde los tres poderes de la República, tienen su cuota de responsabilidad porque cada vez que tuvieron que enfrentarse a los sindicatos, prefirieron acceder a sus demandas sin medir las consecuencias.
Sin mencionar que, de una u otra forma, al acceder a sus peticiones también se beneficiaban.
El resto de ciudadanos somos responsables por no levantar la voz y defender nuestros derechos. Es hora de ponerle un límite al despilfarro y seamos claros, si controlar el despilfarro se entiende por eliminar el café y los bocadillos que consumen los diputados, no estamos haciendo nada más que engañarnos a nosotros mismos.
No creo que ni este Gobierno, ni el que venga, tenga la fuerza para enfrentarse a los sindicatos en esta lucha. Por eso es indispensable que todos nos involucremos.
Se hace necesario convocar a un plebiscito nacional y que seamos todos los costarricenses, no un grupito, los que decidamos si es conveniente seguir teniendo una ley tan retrógrada como la Ley de Servicio Civil y que de paso decidamos si estamos de acuerdo en seguir pagando con nuestros impuestos beneficios a unos pocos, que el Código de Trabajo no nos da a todos.
Juan Carlos Herrera Raven
Corredor de Bolsa
El gobierno de Laura Chinchilla ha presentado una propuesta para regular los pluses salariales de los empleados públicos, que por supuesto ha contado con la oposición de los líderes sindicales, que salen a defender los “derechos adquiridos” de los servidores públicos.
Desde hace mucho tiempo, los derechos dejaron de ser adquiridos para convertirse en abusivos y por eso es que no solo es necesario regular los pluses salariales, sino que se requiere una reforma total a los diferentes esquemas de compensación que utiliza el estado para remunerar a sus empleados.
Lo primero que debe propiciar el gobierno es un diálogo entre todos los actores de la sociedad, para explicar detalladamente los abusos salariales y por qué existe la necesidad de frenarlos.
El ciudadano común debe tener voz y voto en cuanto a la forma como se invierten los impuestos que paga.
Los sindicatos tienen la obligación moral de explicarle a la ciudadanía por qué el servidor público es un ser superior en el escalafón de salarios y privilegios. Tienen que explicarnos, al resto de la ciudadanía que de paso somos mayoría, cuál es la razón por la que los empleados del sector público tienen beneficios salariales, que los empleados del sector privado no tenemos, pero que sí estamos en la obligación de pagar por ellos, vía nuestros impuestos.
No solo tenemos que decidir cómo y cuánto le vamos a pagar a un servidor público, también tenemos que exigirle que cumpla a cabalidad con su trabajo, de lo contrario, que pueda ser despedido como cualquier otro trabajador del país.
El gobierno debe remunerar justamente a sus empleados, así como tiene la responsabilidad de proveerles lugares de trabajo adecuados. Pero es hora de frenar el abuso y el desperdicio.
Como país, hemos escogido remunerar mal a nuestros presidentes, ministros, diputados, etc.
Les pagamos tan mal que cada vez se hace más difícil atraer gente buena al gobierno y después nos quejamos de la calidad de los jerarcas.
Pero hemos decidido gastar, a manos llenas, en compensar al resto de funcionarios.
Los políticos que nos han gobernado, desde los tres poderes de la República, tienen su cuota de responsabilidad porque cada vez que tuvieron que enfrentarse a los sindicatos, prefirieron acceder a sus demandas sin medir las consecuencias.
Sin mencionar que, de una u otra forma, al acceder a sus peticiones también se beneficiaban.
El resto de ciudadanos somos responsables por no levantar la voz y defender nuestros derechos. Es hora de ponerle un límite al despilfarro y seamos claros, si controlar el despilfarro se entiende por eliminar el café y los bocadillos que consumen los diputados, no estamos haciendo nada más que engañarnos a nosotros mismos.
No creo que ni este Gobierno, ni el que venga, tenga la fuerza para enfrentarse a los sindicatos en esta lucha. Por eso es indispensable que todos nos involucremos.
Se hace necesario convocar a un plebiscito nacional y que seamos todos los costarricenses, no un grupito, los que decidamos si es conveniente seguir teniendo una ley tan retrógrada como la Ley de Servicio Civil y que de paso decidamos si estamos de acuerdo en seguir pagando con nuestros impuestos beneficios a unos pocos, que el Código de Trabajo no nos da a todos.
Juan Carlos Herrera Raven
Corredor de Bolsa