La situación de las finanzas públicas en Costa Rica

La problemática mayor se presenta en el Gobierno Central, que en los últimos años ha cerrado con un déficit que oscila entre un 5% y un 5,8% del PIB. Aunado a que hay un déficit en cuenta corriente, es decir, los ingresos corrientes no alcanzan para cubrir la totalidad del gasto corriente y el 40% del Presupuesto Nacional se financia con deuda.
Inclusive se financia gasto corriente con créditos, lo cual es una situación delicada y se incumple el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.
En el sector descentralizado y de las empresas públicas, es otra situación y muchas presentan superávit. En el caso de las empresas públicas, trasladan recursos por muchos millones al Gobierno central a través del pago del impuesto sobre la renta y en caso del Instituto de Seguros por primera, desde la apertura del mercado de seguros realizó un aporte de sus utilidades al Gobierno central, y trasladó un 25%. Nos debe llamar la atención el déficit estimado del Gobierno Central para 2015, que espera sea cerca de un 5,8% del PIB, y que de acuerdo con el Banco Mundial puede socavar el pacto social de Costa Rica.
No olvidemos que en los últimos 20 años no disminuyó la pobreza y actualmente es un nivel del 21,5%. La desigualdad social se ha incrementado sustancialmente.
La solución que propone el Banco Mundial, así como Marta Acosta, contralora general de la República, es una solución compuesta de dos elementos: la reducción de gastos y recaudar más ingresos tributarios mediante una reforma fiscal que aumente el ingreso por impuesto sobre la renta y transforme el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado. No obstante, se pueden tomar otras medidas para solucionar el déficit fiscal con menor impacto en los bolsillos de los costarricenses.
1. Disminuir la evasión fiscal, que según estudios de la Contraloría General de la República alcanza un 5. 5% del PIB y estudios del Ministerio de Hacienda indican que es un 7,75% del PIB.
2. Eliminar exoneraciones de impuestos.
3. Establecer adecuados controles de los gastos en cada una de las etapas del proceso presupuestario y realizar un mejor uso de los recursos.
4. Es necesaria una reestructuración del sector público con más de 300 entidades y 900 programas, con duplicidad de funciones y con un gasto no eficiente ni eficaz.
5. Eliminar las pensiones de lujo y limitar los incrementos a aumentos por costo de vida.
6. Revisar los aportes a las universidades a través del FEES, y al Poder Judicial, y la utilización que hacen de esos recursos y, si es necesario, reformar la Constitución Política.
7. Es claro que no se está en capacidad financiera para otorgar un 10% del Presupuesto Nacional a las municipalidades.
8. Se deben revisar los incentivos salariales que otorgan a los funcionarios públicos.
Es de esperar que con la colaboración del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la sociedad civil, se tomen las medidas adecuadas para solucionar la problemática de las finanzas públicas y no se provoque un mayor nivel de pobreza y desigualdad social.

Bernal Monge Pacheco
Consultor