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La Sala IV y la política nacional

Carlos Denton cdenton@cidgallup.com | Miércoles 29 septiembre, 2010



La Sala IV y la política nacional


La Sala IV es una institución política; puede ser que algunos de sus magistrados no entiendan esa realidad, pero deberían hacer un esfuerzo por comprenderla antes de que se desprestigien más.
¿Qué quiere decir ser institución política? Los magistrados y todos los que laboran en la Sala IV son empleados públicos, mantenidos por los impuestos pagados por los habitantes, y sirven en sus puestos hasta que los representantes del pueblo (los diputados) determinan que ya no se deberían renovar sus nombramientos. Además, tienen que presentar un presupuesto a la Asamblea Legislativa y los legisladores, que en su conjunto constituyen el Primer Poder de la República, pueden recortar los recursos que se les asignan. Si la opinión pública se revierte en contra de la Sala, podría enfrentar serios problemas en otros ámbitos también. No pueden los magistrados ignorar lo que opinan sus empleadores, el pueblo costarricense.
En ese sentido, se supone que haya un balance de poderes en el sistema político, cada uno cuidándose de no cruzar la línea, entremetiéndose en áreas que competen a otros. La Sala IV, una institución relativamente nueva, no siempre ha comprendido las limitaciones de su radio de acción. En la última encuesta nacional de la CID/Gallup, solo un 43% de los pobladores manifiesta tener mucha o alguna confianza en la Sala IV. Para poner en perspectiva ese dato, un 57% dice que tiene mucha o alguna confianza en los Tribunales de Justicia y un 66% en el Organismo de Investigación Judicial. Entonces no es con el Poder Judicial en general que hay problema; es con la Sala Constitucional.
En la misma encuesta, realizada este mismo mes, un 59% de los entrevistados manifiesta que a la Sala IV hay que “limitar sus funciones,” y un 54% dice que toma decisiones que “afectan negativamente” al país.
Los magistrados pueden ignorar estos datos, mantener una postura “olímpica” y seguir actuando como ya ha sido su costumbre. Para una institución donde un 40% de sus decisiones ya queda en una especie de limbo interinstitucional, no comprender que están en problemas sería un error grave.
Se entiende que mucho de lo que ha ocurrido con la Sala IV es producto de un gran vacío de poder. Los diputados, inseguros de sus potestades, mal asesorados, o a veces con interés en dilatar los procesos, (pensar en todo el proceso de implementación del Cafta) buscan firmas de compañeros para enviar todo tipo de consulta a la Sala. Las Defensorías de los Habitantes y de los Consumidores funcionan a medias, la Contraloría se enreda en parte por las constantes intromisiones de los diputados, y el Ejecutivo no siempre se prepara adecuadamente y termina produciendo proyectos y decretos que se contradicen internamente.
Ni hablar de lo que ocurre en algunas de las alcaldías. El resultado es una avalancha de peticiones a la Sala IV; esta tiene que aprender a rechazar más de los mismos con el argumento que no le compete.
Es difícil no admirar el esfuerzo tan grande que ha hecho la Sala IV para llenar tantos vacíos en lo que es la “res publica.” Pero a los magistrados hay que recordarles que “el que mucho abarca, poco aprieta.”

Carlos Denton
cdenton@cidgallup.com

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