La Reforma Procesal Laboral

Es necesario comprender el significado histórico y político que tiene la reforma laboral procesal recién aprobada por la Asamblea Legislativa, dado que la nueva ley es producto de un debate parlamentario profundo y de un acuerdo patriótico inédito.
Quienes han hecho posible esta reforma, en lo inmediato, han sido los trabajadores, los patronos, los partidos políticos, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y las y los señores diputados de la Asamblea Legislativa, pero el origen profundo de esta conquista social se remonta varias décadas atrás.
Deviene, en efecto, de la consolidación del Estado Social de Derecho, producido en la década de los años cuarenta, que recoge, organiza, sistematiza en un solo cuerpo jurídico nacional e integra a la Constitución Política las garantías sociales que reflejaban las demandas  y luchas sociales del pueblo de Costa Rica durante la República Liberal.
Asimismo, la  reforma del Artículo 74 de la Constitución Política hizo irreversibles los derechos y beneficios derivados del Capítulo de las Garantías Sociales, al declararlos irrenunciables. 
En la Reforma Procesal Laboral se logra modificar prácticamente la mitad del Código de Trabajo, a partir de cuatro ejes fundamentales: el Derecho individual, derecho colectivo, derecho procesal laboral y un título dedicado a los servidores públicos.  En apretada síntesis debo indicar, que crea los fueros de protección, la tutela del debido proceso y nuevos criterios sobre discriminación, y el patrocinio letrado gratuito.
Hay nuevas disposiciones en torno al concepto de huelga, se destaca la oralidad dentro de los procesos judiciales laborales y las nuevas disposiciones en torno a la audiencia preliminar, la eliminación de los tribunales de menor cuantía y establecer la competencia laboral en los procesos que involucren a servidores públicos.
La suma de estas tres conquistas, se enlaza con el pensamiento del Doctor Calderón Guardia, en torno a la Reforma Social de los años cuarenta:
“Comprendo que la obra social apenas se inicia; que para quienes la intenten, como lo hecho yo, no habrá gloria ni beneficio, sino cosecha abundante de amarguras y sinsabores. Comprendo, asimismo, que lo que pueda haber realizado, vale bien poco. Pero esto estoy  seguro de que los gobernantes que en años venideros tengan que confrontar  los graves problemas…de la población a que pertenecen nuestras clases trabajadoras, podrán llenar otras etapas de la ardua lucha y completar lo que es hoy una primera piedra del gran edificio que tendrá que construir la nacionalidad costarricense…”
La aprobación de esta trascendente reforma define el carácter de una Asamblea Legislativa que posee  la capacidad de formular  y proponer soluciones para problemas complejos del país. Que entiende claramente que cada una de las fuerzas políticas y los liderazgos combinados son capaces de hacer historia, asumiendo la responsabilidad de solventar problemas que por mucho tiempo han carecido de una solución adecuada.
Espero que este espíritu de colocar el interés nacional sobre el partidario siga predominando en las decisiones que nos corresponderá adoptar durante la segunda mitad de la actual legislatura.

 

Por Rafael Ortiz Fábrega
Presidente de la Asamblea Legislativa