La inseguridad sale cara

Los empresarios de este país han gastado ¢96 mil millones en medidas contra el hampa en los últimos 12 meses.

Esta noticia es algo que se suma al clamor generalizado de los costarricenses, que aspiran a volver a vivir en una paz que se hizo añicos cuando comenzó a subir y subir la delincuencia hasta convertirse en el principal problema de la población.

Porque la cifra anterior, que es una especie de impuesto oculto, nos habla solo del sector del comercio. Pero la realidad es que cada persona en su casa, en su comunidad, debe igualmente gastar importantes sumas de dinero para intentar proveerse de alguna seguridad. Son impuestos que todos pagamos en un esfuerzo por tratar de vivir con un poco menos de temor a los asaltos.

La presente administración anunció desde el inicio que sería esta su principal prioridad, a pesar de lo cual seguimos sumidos en la angustia de robos y asaltos de todo tipo en las calles, las viviendas, los establecimientos comerciales y en general cualquier sitio en donde algo de algún valor pueda ser sustraído.

Un niño no puede caminar solo hacia su casa desde la escuela o el colegio porque lo asaltan para quitarle lo que sea que tenga, con peligro de su integridad física, su vida o su estabilidad emocional.

Las personas no pueden viajar tranquilas en su automóvil porque en cualquier sitio pueden ser asaltadas, ni tienen derecho a esperar el bus en una parada sin ser agredidas por delincuentes o al menos, sufrir el miedo a la posible agresión.

Ahora, vemos cuantificado por estudios hechos por la Cámara de Comercio de Costa Rica, lo que gasta ese sector en el país para intentar alguna seguridad que las autoridades no son capaces de mantener.

Si estos montos se pudieran invertir en empleos de otro tipo y para mejorar la producción, la situación de la economía nacional sería muy distinta.

También sería muy diferente la calidad de vida de la población.

No es posible que el gobierno siga abordando el tema mediante una retórica que nada soluciona.

La realidad costarricense es que no se cuenta con la cantidad suficiente de policías, que estos no tienen condiciones ni están preparados para enfrentar realmente al hampa y ganarle la batalla, que la corrupción en este ámbito campea como en otros y que a pesar de todo esto el asunto no se ha tomado con la seriedad que su gravedad amerita.

La inseguridad ha llegado al punto de requerir ser tratada como emergencia nacional y necesita un plan a corto, mediano y largo plazo producto de un gran acuerdo nacional para dar un giro de 180 grados a la situación mediante acciones drásticas muy bien planificadas.