La universalidad de llenado y comercialización de los envases de gas ha generado abusos mortales e imposibilita definir responsables como les corresponde a las autoridades

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La inseguridad del gas en el país

Uno de los elementos útiles a la sociedad y al sector productivo, que requiere transporte, instalación y operación bajo reglas que garanticen al máximo la seguridad, es el gas.
Sin embargo, esto no ocurre de ese modo en el país con grave riesgo para la vida de las personas. Ya hubo muchas muertes como consecuencia de esta situación que debe regularse sin demoras.
Este medio publicó ayer una nota y elocuentes fotografías que demuestran las inaceptables condiciones de muchos cilindros de gas y la imposibilidad de establecer responsabilidades debido a que los de unas empresas son recargados y circulados por otras, enturbiándose completamente de ese modo la claridad que debe existir en cuanto a la responsabilidad de cada quien.
Esta universalidad de llenado y comercialización de los envases ha generado abusos e imposibilita definir responsables como les corresponde a las autoridades.
Este descontrol expone a grave peligro a un alto porcentaje de la población, ya que 475 mil hogares, restaurantes e industrias utilizan ese producto diariamente.
El número de siniestros por fugas u otros problemas con tanques de gas se ha venido incrementando. Solo el año pasado la incidencia subió un 40%.
Deben aprobarse una ley y sus respectivos reglamentos para que el envasado, distribución y uso de los recipientes que contienen gas líquido se hagan bajo reglas de completa seguridad, que incluya cilindros especiales rotulados y con sellos de seguridad en sus válvulas, exclusivos para cada empresa autorizada, de modo que estas deban y puedan responder por sus operaciones.
Esta ley debe incluir, desde luego, las sanciones por su incumplimiento y los responsables de fiscalizar las operaciones de todos los que comercian con el gas.
En medio del desorden actual, las autoridades no pueden ejercer el debido control al cual están obligadas, ni identificar cuál es la empresa responsable cuando se produce un accidente.
Tanto el Ministerio de Ambiente y Energía como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, deben ocuparse de poner orden en este delicado asunto, asumir su deber y efectuar el control que les corresponde para dar seguridad a la población en el trasiego y uso de este producto.